Bruselas presiona al Gobierno en privado: «Ni un asaltante a la Península»

Cuando se cumplen más de 50 días de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, la situación sigue siendo igual de dramática.

No hay un horizonte temporal creíble de cierta normalidad para la ciudad autónoma , ni garantías de que Marruecos vaya a colaborar con los retornos prometidos.

El Gobierno, que insiste en que las devoluciones se harán y que trata de buscar una solución para los inmigrantes que son menores – 2.048 filiados y otros 1.000 que podrían seguir deambulando por las calles- cada vez está más solo en Europa.

Ese aislamiento quedó en evidencia el jueves cuando la Eurocámara, con sede en Estrasburgo, aprobó por amplia mayoría una resolución que define lo ocurrido en Ceuta como una «invasión» .

Es decir, ni una crisis migratoria más ni un episodio comparable con otros anteriores.

En el Ejecutivo asumen que las posiciones europeas complican todo el escenario, hablan de una «auténtica ofensiva» contra el Gobierno de Pedro Sánchez y de «presiones» claras para que ni un solo inmigrante llegue a la Península.Una ministra del Gobierno de coalición reconoce incluso que en estas semanas «le han llamado a capítulo», refiriéndose a comisarios, con comunicaciones en privado sobre la crisis y las actuaciones de los ministerios.

Esas presiones se llevan acumulando tiempo porque en Europa han dejado claro que el único camino posible pasa por los retornos a Marruecos.

Lo contrario implicaría que todos ellos entraran automáticamente en el Espacio Schengen .

Otra prueba de esas presiones llegó el jueves tras la reunión que el ministro del Interior, Magnus Brunner, mantuvo con los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz.

El ministro del Interior negó ante el comisario la «existencia de movimientos secundarios» de inmigrantes desde la ciudad autónoma a la Península. «Es un riesgo y una preocupación infundados», llegó a decir Marlaska, pidiendo a su homólogo europeo que «traslade» ese mensaje al resto de socios comunitarios.

Asumía así la exigencia de Bruselas de que eso no ocurra.La visión generalizada de la UE ya quedó clara con la inédita carta que firmaron 22 primeros ministros a principios de agosto.

Fue la primera reacción política de los europeos ante la crisis ceutí, pidiendo una reunión urgente de todos los titulares de Interior y atribuyendo de forma implícita lo sucedido a que las regularizaciones masivas en España habían actuado como «factor de atracción».

El Gobierno es consciente de que el giro de la Unión Europea en la política migratoria –España ya es la excepción– está influyendo mucho en esta crisis.Y la realidad es que en este ambiente de enfrentamiento de Sánchez con 22 países, la situación ha obligado a Bruselas a imponer esa exigencia encima de la mesa.