Transparencia y lobby
España cubre por fin una carencia prolongada con la regulación estatal de los grupos de presión.
El Real Decreto-ley 21/2026 establece un registro obligatorio, hace públicos los contactos con responsables públicos, refuerza la huella normativa y prevé sanciones de hasta 40.000 euros.
También atribuye la supervisión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y extiende obligaciones a ambas partes de la interlocución.
Son avances relevantes para una actividad legítima que no debe confundirse con prácticas opacas.
Pero una regulación de esta importancia merecía debate parlamentario y consenso, no la urgencia del decreto-ley .
Además, la obligación de transparentar comunicaciones y documentación deberá aplicarse con criterio para no convertir la rendición de cuentas en burocracia ni comprometer información empresarial confidencial.
El propio sector advierte de este equilibrio pendiente.
Regular el lobby fortalece la democracia cuando permite conocer quién influye, ante quién y para qué.
El reto será garantizar transparencia sin dificultar la interlocución entre sociedad civil y Administración.
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