La Junta reparte 1,86 millones entre 339 agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental anunció hoy el reparto de 1.864.500 euros en ayudas directas entre 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los incendios forestales acaecidos en Castilla y León durante el presente verano.

Cada uno de los beneficiarios percibirá 5.500 euros.De acuerdo con la resolución de las subvenciones, publicada este martes en el Bocyl, estas ayudas se percibirán una sola vez por cada titular de explotación afectado, sin perjuicio de los posteriores acuerdos que se dicten en función de las sucesivas resoluciones que dicte la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, tras valorar las declaraciones responsables de daños que realicen los agricultores, ganaderos y apicultores.En el caso de agricultores profesionales cuya valoración de daños en superficies agrícolas supere el importe establecido en el presente acuerdo, no será necesario para incrementar la ayuda mínima la presentación de declaración responsable al respecto.

Sin embargo, sí serán exigibles declaraciones responsables para aquellos agricultores, ganaderos y apicultores profesionales que hayan sufrido pérdidas de ganado, colmenas, y cuya valoración supere la cuantía mínima a la que se refiere el presente acuerdo.Por lo que respecta a los agricultores y ganaderos no profesionales, no se les reconoce una ayuda mínima, si bien serán perceptores de ayuda en función de los daños declarados, con las condiciones que se determinarán en próximos acuerdos de la Junta de Castilla y León, y siempre que hayan presentado la solicitud única de la PAC en el año 2026 en Castilla y León o bien hayan realizado la correspondiente declaración en los registros oficiales.Efectos «devastadores»«En Castilla y León, los efectos sobre el sector agrario han sido devastadores: superficies de cultivo quemadas, colmenas destruidas, instalaciones dañadas y muerte o desaparición de cabezas de ganado, además de la pérdida de hábitat, de territorios y de refugios.

Tales impactos, por ende, se traducen en unas fuertes consecuencias económicas que afectan a los agricultores y a los ganaderos que han de verse apoyados por las administraciones para mantener su actividad productiva y por ello, su rendimiento.

Por todo ello, concurren razones de interés público, social y económico que justifican la concesión directa de subvenciones, con el fin de compensar parcialmente las pérdidas sufridas y contribuir al mantenimiento de la actividad agraria en las zonas afectadas», recoge la orden, firmada por el consejero, Joaquín Antonio Pino.