El Gobierno se compromete a subir el sueldo a los funcionarios un 4,5%, pero evita poner fecha

El Ministerio de Función Pública se ha comprometido este martes con los representantes de los empleados públicos a aprobar un real decreto-ley de subida de los sueldos de las plantillas públicas para 2027, pero ha evitado fijar una fecha para ello.

Los sindicatos habían insistido en las últimas semanas en que el Ejecutivo debía cumplir su compromiso, pactado a finales de 2025 en un acuerdo plurianual , antes de las elecciones y para evitar posibles rechazos o nuevas negociaciones con otro Ejecutivo dado el contexto inflacionario.

Según han trasladado tanto CCOO como UGT, el ministerio ha reiterado su compromiso con el incremento salarial acordado para 2027, un 4,5% inicial efectivo desde enero, y un 0,5% adicional si el dato medio de inflación de 2026 supera el 1,5%, de manera que ese incremento adicional se debería decretar a partir de febrero porque el IPC medio se situará, previsiblemente, cerca del 4%.

No obstante, el Ejecutivo no ha dado ninguna fecha para efectuar la subida y tampoco ha especificado si lo hará antes o después de las elecciones, con el Gobierno en funciones.

El acuerdo marco publicado en el BOE y firmado por UGT, CSIF y CCOO disponía una subida del 2,5% en 2025; del 2% en 2026; del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028.

Los incrementos son consolidables, es decir, la variación de cada año se aplica sobre las retribuciones actualizadas del anterior e incluyen además unas cláusulas para compensar parcialmente incrementos imprevistos de la inflación, como ha sucedido en este año 2026 por el inicio de una nueva guerra en Oriente Medio.

Según el calendario dispuesto, la subida que se decretó el año pasado fue del 4% en dos meses y la que tocaría aplicar de cara a 2027 será el 5%.

El esquema responde a las líneas rojas que en su momento señaló el Ministerio de Hacienda para cumplir con las reglas fiscales, aunque AIReF ya ha calculado que España superará, previsiblemente, el aumento tope del gasto comprometido con Bruselas.

La subida afectará a tres millones de empleados públicos , aunque el Gobierno en su decreto solo puede efectuar los pagos del personal de la Administración General del Estado (AGE), por lo que el resto recae sobre las administraciones autonómicas y locales, que deberán aprobar sus propias normas cuando lo consideren.

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