La jueza que investiga la invasión de Ceuta pide más información a Defensa y cita a tres consejeros de la ciudad

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta del pasado mes de julio ha citado como testigos a tres consejeros del gobierno de la ciudad autónoma y a varios agentes de policía, al tiempo que ha solicitado al Ejército de Tierra que aporte más documentación relacionada con la crisis migratoria.

En un auto, recogido por ABC, la magistrada María Tardón fija el próximo día 27 de octubre a partir de las 10.00 horas para escuchar a los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez.

Un día después, a la misma hora, tomará declaración a un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional.La instructora pide en su resolución a las jefaturas de la Guardia Civil y de la Policía de Ceuta que identifiquen a Ahmed, residente en Benzú y «posible interlocutor constante y fiable de la Comandancia» del Instituto Armado en la ciudad autónoma, que habría dado información sobre la invasión.

En su resolución, la magistrada recuerda que el ex jefe de Gabinete del delegado del Gobierno declaró que una persona conocida como Ahmed «habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes del inicio de los acontecimientos».

Para avanzar en sus pesquisas, la jueza también se dirige al jefe del Estado Mayor de la Defensa para que remita todos los informes de inteligencia y seguridad que se emitieran por la Comandancia de Ceuta entre julio y agosto.

La magistrada también quiere que amplíen las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta que ya solicitó previamente.Información sobre fallecidos y devolucionesAdemás, la instructora se dirige a una serie de organismos para requerir «toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio del periodo investigado: el 30 de julio de 2026».

La jueza Tardón pide igualmente al gobierno ceutí «todos los informes de que puedan disponer relativos a la afectación de los servicios públicos esenciales de la ciudad, producida en los ámbitos de seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras públicas, así como el informe relativo a los daños económicos al que el presidente de la ciudad autónoma hizo mención» en su declaración como testigo.

Adicionalmente, la magistrada quiere conocer el impacto económico que la entrada masiva irregular de inmigrantes provocó en la ciudad autónoma, por lo que pide a la Cámara de Comercio de Ceuta y a la Confederación de Empresarios de Ceuta informe al respecto.