El Ayuntamiento de Almonte oculta a la oposición los contratos millonarios que investigan la Guardia Civil y una juez

El Ayuntamiento de Almonte se niega a enseñar a la oposición los contratos que la Justicia está investigando.

El grupo municipal Almonte 100x100 ha denunciado que el alcalde Paco Bella (del partido independiente Ilusiona) está ocultando a los grupos de la Corporación los expedientes municipales que actualmente se encuentran bajo la lupa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado y del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil.

Su queja llega después de que el diario ABC haya publicado que la jueza instructora ha decidido ampliar las pesquisas —iniciadas por las irregularidades en la concesión de la zona azul de Matalascañas y el aparcamiento de El Rocío— a otros siete expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento entre 2023 y 2026.

Entre los contratos incorporados a la causa figura la licitación del ciclo integral del agua, un expediente que compromete más de 214 millones de euros de dinero público.

La Benemérita analiza si la coincidencia de las mismas empresas, los mismos arquitectos y un mismo empresario en varias adjudicaciones responde a un mero azar o a una pauta coordinada para alterar las normas de la libre competencia.

Por el momento, las diligencias previas están en una fase inicial y no se ha citado ninguna persona como investigada.Para el grupo Almonte 100x100, liderado por Miguel Ángel Jiménez García , el alcance de la investigación judicial constituye la «consecuencia lógica» del modo de proceder implantado por el regidor desde el comienzo de la legislatura. «Esta situación empieza en 2023, con un equipo de gobierno que decidió que los contratos se adjudican primero y se explican después, si hay suerte, y que la oposición no tiene por qué ver la documentación», sostiene el portavoz de Almonte 100x100 en el comunicado remitido a la prensa.Contratos que siguen un modus operandiA juicio de la formación opositora, el conflicto derivado de la ordenación de la zona azul de Matalascañas responde a una metodología de trabajo que se repite en otros procesos.

El contrato con la empresa Dornier fue adjudicado en septiembre de 2025 por un ajustado margen (once votos frente a diez) sin que existiera la ordenanza fiscal que debía amparar la prestación del servicio.

En mayo de 2026, el alcalde activó el cobro mediante un decreto que tuvo que revocar nueve días después.

Tras ser rechazada la ordenanza en dos ocasiones por el Pleno municipal, la vía contencioso-administrativa emprendida por Almonte 100x100 contra aquel decreto sigue pendiente de resolución judicial.«Se firmó un contrato de 47 millones a 30 años y después se intentó fabricar la legalidad que lo sostuviera.

Cuando el Pleno dijo que no, el alcalde gobernó por decreto .