Auditemos la gestión política

Define la RAE la palabra «auditoría» como «revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas».

En las empresas el auditor revisa para los accionistas las cuentas presentadas por los administradores, expresando su conformidad o exponiendo aquellas limitaciones, salvedades o desviaciones en el funcionamiento, que deben tenerse en cuenta.

Aunque los administradores sean accionistas, las cuentas que presentan lo hacen como representantes de la masa social y en esa condición deben responder ante el resto de accionistas. ¿Por qué digo esto?El pueblo español, portador de la soberanía nacional, nombra representantes en las diferentes administraciones para que gestionen su patrimonio.

Esos administradores deben ceñir su labor a lo que es democracia: «gobierno del pueblo, para el pueblo».

Al ser elegidos, asumen la responsabilidad de «gobierno del pueblo».

Desde ese momento corresponde al pueblo valorar los actos, decisiones u omisiones de su gobierno.

Para ejercer correctamente la soberanía, el pueblo ha de tener una información puntual y veraz del origen y destino de los ingresos del Estado, así como de cualquier asunto que tenga repercusión en la vida de los españoles.

Que no se excusen nuestros administradores políticos diciendo que ellos también son pueblo soberano. ¡Que lo son! Pero cuando aceptan la responsabilidad de ser «gobierno del pueblo», adquieren el atributo especial de servidores públicos.

Ese atributo conlleva, como a cualquier padre de familia para con sus hijos, la obligación de actuar siempre dando ejemplo personal y priorizando el interés del pueblo soberano al que se deben, antes que a su propio interés como ciudadanos.

Los españoles deberíamos comprender esto y exigírselo democráticamente a nuestros representantes políticos.

Eso es, al menos para mí, la democracia.

Aplicando estas reglas, ¿imaginan mis lectores los resultados de una auditoría del comportamiento y gestión de nuestros administradores políticos? Si de ellos es la obligación de cumplirlas y por eso cobran, de todos los españoles, como demócratas que somos, es la obligación exigir su cumplimiento y por eso pagamos.