El Gobierno de Ayuso vulnera la ley al señalar al médico que denunció la manipulación de las listas de espera del Ramón y Cajal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. EP.

La polémica en torno al maquillaje de las listas de espera en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha aterrizado en las últimas horas en el escenario político regional, más aún cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lejos de situar el foco en los dos responsables que habrían manipulado los datos, según la información avanzada por El País, ha señalado al médico que alertó de estas alteraciones La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, señaló este miércoles al denunciante como quien "manipuló las listas de espera de manera irregular hasta en 57 pacientes , a la vez que cargó contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por, según acusó, "boicotear y generalizar" en estos casos. "Es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en un medio de comunicación*, defendió. No obstante, el señalamiento explícito a este profesional sanitario y no tanto a los hechos, sin contar con un expediente o denuncia que lo acredite, vulnera directamente la Ley 2/2023 de protección del informante , debido a que su artículo 36 prohíbe las represalias contra quien informa.

A través de X -antigua Twitter-, el abogado Jota Vaquerizo se hizo eco de este detalle tras conocer la postura de la Comunidad de Madrid. "Han hecho hoy algo que la ley prohíbe expresamente: castigar en público a quien denuncia. (...) Sin sentencia, sin pruebas, sin investigación cerrada, refirió. De esta manera, explicó en profundidad que, cuando alguien denuncia una irregularidad laboral, la Administración debe primero investigar los hechos, no señalar al mensajero, en este caso, el médico denunciante. "Hoy la Consejería de Sanidad ha invertido el orden: primero la condena pública del denunciante, después (quizá) la investigación ", lamentó.

En este sentido, mencionó la Ley de protección al informante y la vulneración en la que habría caído el Gobierno de Ayuso con estas declaraciones de su consejera de Sanidad. A ello, le sigue el ámbito penal: "Atribuir públicamente a una persona un delito concreto, como dañar el coche de su jefe, sin resolución judicial, puede ser calumnia (arts. 205 y 206 del Código Penal) si se hace sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad. Y ojo: una rueda de prensa no es la Asamblea. Ahí no hay inviolabilidad que valga", apuntaló.

En tercer lugar, hizo mención al expediente, debido a que al abrirse un procedimiento disciplinario después de denunciar y a instancia de los protagonistas del suceso, la ley obliga a la Comunidad de Madrid, en este caso, "a demostrar que no es un castigo". En otras palabras, la carga de prueba no recae en el cirujano, sino en la Administración pública. "Esto es una barbaridad. Si la versión oficial fuera cierta, bastaba con esperar a que concluyeran sus propias diligencias.