Vox rebaja su presión contra el PP para no beneficiar a Sánchez

La carrera hasta las elecciones generales previstas para mediados de 2027 ha comenzado y Vox conoce la importancia de cada paso que tomen a partir de ahora en sus aspiraciones a ser determinantes en un futuro gobierno en coalición con el Partido Popular (PP) .

Los últimos batacazos autonómicos del PSOE, los casos de supuesta corrupción, la condena al exministro José Luis Ábalos y la crisis en Ceuta han dejado a Pedro Sánchez y su Ejecutivo al borde del colapso, pero sin hincar aún la rodilla.

En estos momentos, cuando Sánchez y su equipo están más débiles, según Vox, es el periodo en el que más presión deben imponer por su necesidad de supervivencia.

Todos los focos apuntan a Sánchez y los de Santiago Abascal no quieren que la atención desaparezca de las numerosas polémicas que le rodean diariamente.

Tanto es así que Vox ha decidido rebajar su habitual 'oposición' contra el Partido Popular (PP) y Alberto Núñez Feijóo para evitar que el debate público se centre en las refriegas entre los socios en cuatro gobiernos autonómicos y, como auguran las encuestas, en una futura coalición en un ejecutivo central.

Fuentes cercanas a la dirección de la formación confirman que, ahora mismo, no es momento de presionar a Feijóo, sino de «ser duro con Sánchez» porque es cuando más «peligroso» es, cuando está contra las cuerdas.

Por ello, los de Abascal tratan de no entrar en debates con los populares que puedan provocar tensiones innecesarias.

En plano territorial se observó el pasado mayo en Extremadura.

María Guardiola, presidenta extremeña, colocó la bandera LGTB en la fachada de la Junta por el Día Internacional contra la LGTBIfobia.

En 2024, año en el que los gobiernos territoriales de PP y Vox se rompieron por la acogida de menores extranjeros a sus comunidades, esta polémica hubiese provocado una crisis en la coalición.

Este año la situación es distinta: Ignacio Garriga, secretario general de Vox, se desmarcó de la acción, afirmó que su partido respetaba la sensibilidad de los populares y matizó que, si gozasen de una mayoría absoluta en el territorio, esa bandera no se habría colgado.

En la crisis de Ceuta también se observa este pacto de no agresión.

La situación de los menores hacinados en la ciudad autónoma que deberán ser repartidos por las territorios generó debate acerca de cuál sería la postura de los gobiernos de coalición entre PP y Vox con su acogida.

En los pactos formalizados acordaron la negativa por «todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».