Biedma y los jueces presuntamente progresistas

El bloque presuntamente progresista del Consejo General del Poder Judicial se ha negado a respaldar una declaración institucional de apoyo a la juez Biedma, amenazada, seguida y acosada por quienes pretendían amedrentarla –las tristemente famosas cloacas del PSOE – para entorpecer sus investigaciones contra el hermano de Pedro Sánchez, finalmente condenado por la justicia.

El texto expresaba su cercanía, respeto y solidaridad con la instructora, a quien el Ministerio del Interior tuvo que asignar escolta para proteger su seguridad.El gesto revela hasta dónde llega el alineamiento partidista de algunos de los vocales del CGPJ y obliga a preguntarse si son capaces de dejar al margen sus afinidades políticas ante decisiones tan elementales como esta.

Todos, incluidos los miembros del órgano de gobierno de los jueces, tienen una ideología, pero esta no puede franquear los límites más obvios del sectarismo que envenena el sistema.

Cuesta entender la incapacidad para amparar a una magistrada amenazada en el ejercicio más básico de sus funciones.

Ahora más que nunca resuena también el silencio de las asociaciones progresistas de la judicatura que no han encontrado, al parecer, motivos suficientes para salir en defensa de una compañera.Si los jueces no se ocupan de proteger su independencia, nadie va a hacerlo por ellos en un sistema que presenta esta grieta, reflejo de la politización, que llega hasta la bóveda del poder judicial.

No se trata de cerrar filas ante cualquier actuación judicial, sino de defender a quien sufre intimidaciones por cumplir con su deber.

La negativa a hacerlo desacredita al mismísimo CGPJ y alimenta las dudas sobre su independencia.

No estamos hablando de política, sino de garantías elementales del Estado de derecho.

Los compañeros de la juez pueden y deben valorar sin sesgos la gravedad de los hechos y comprender que ninguna discrepancia sobre sus investigaciones –que llevaron a una condena– justifica dejarla desprotegida.

Si han rechazado respaldarla, la conclusión resulta inquietante: cuando una magistrada investiga al entorno de quienes ellos avalan, su seguridad parece importar menos que los intereses de sus afines.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior tuvo que proteger con escolta a la instructora, sometida a amenazas y maniobras dirigidas a perjudicarla a ella y a su familia.

Unas intimidaciones de esta naturaleza deberían suscitar una condena inequívoca de toda la judicatura.

De lo contrario, será legítimo preguntarse si algunos magistrados actúan como representantes de una sensibilidad política antes que como defensores de la independencia judicial.La historia reciente de España demuestra adónde conduce la intimidación de quienes administran justicia.