Placebos contra una amenaza

En principio y en términos generales es una buena noticia que el Gobierno haya entendido, a raíz de la invasión de Ceuta , la necesidad de reformar la ley de Extranjería.

Es el momento para aplicar en España las nuevas directrices comunitarias mediante un acuerdo bipartidista que evite futuros bandazos en caso de cambio de mayorías.

El problema consiste en que tanto el PSOE como el PP viven bajo la presión de sus alianzas respectivas con fuerzas radicales que tiran de ellos en direcciones distintas e imposibilitan consensos transversales con las elecciones a unos meses vista.

Cualquier concesión de un partido a otro sería interpretada como síntoma de debilidad política en una materia de alta sensibilidad social que ofrece severas dificultades añadidas.Una reforma unilateral, de parte o de bando, no servirá de nada.

Primero porque el Ejecutivo sólo la puede sacar con el improbable apoyo de unos socios que ya han expresado su desconfianza y se opondrán a cualquier medida restrictiva alegando razones humanitarias, y luego porque uno de los principales puntos del programa de la oposición será cambiarla para endurecer las condiciones de regularización y facilitar las expulsiones inmediatas.

Pero sobre todo, porque la izquierda española aún está lejos del giro ya emprendido por la socialdemocracia en países como Alemania o Dinamarca, y continúa preconizando una apertura que gran parte de la opinión pública, incluidos muchos de sus propios votantes, rechaza de manera cada vez más acusada.

Si Sánchez ha promovido el proyecto tras la crisis de Ceuta es para aparentar una reacción ante las críticas por su falta de respuestas.

Se trata de una mera propuesta cosmética formulada con la intención de ganar tiempo a sabiendas de que los plazos legislativos y la correlación de fuerzas parlamentarias la condenan a quedar en vía muerta.

Ni siquiera sus propios autores, que acaban de llevar a cabo una legalización masiva, creen en ella; se replegarán en cuanto los coaligados les acusen de aceptar el marco de la ultraderecha.

Se trata de impostar una actitud de firmeza que tranquilice los recelos expresados por la Unión Europea .El argumentario sanchista desplegado tras las muy cuestionadas vacaciones presidenciales se centra en el esfuerzo de desenfocar el debate.

La retórica gubernamental omite el desafío de soberanía para centrarse en la acogida de los inmigrantes, convirtiendo así la amenaza a la seguridad nacional y la violación de la integridad territorial de España en un simple colapso de los servicios públicos locales.

Y la iniciativa –correcta– de modificar el ordenamiento se transforma así en un placebo, un elemento maleable del relato construido para invertir las prioridades.