Eutanasiar

Llevo algunos años siguiendo el debate francés sobre la ley de «ayuda a morir».

Cada cual procrastina con lo que puede.

Una tramitación parlamentaria larga y accidentada, precedida, además, por una Convención Ciudadana, informes bioéticos y varios años de conversación pública intelectualmente densa y rica en matices.

Inevitable compararla con lo que aquí tuvimos o, más bien, con lo que no tuvimos.Nuestra ley orgánica de regulación de la eutanasia cumplió cinco años el pasado mes de junio.

Hubo debate parlamentario, posiciones enfrentadas en los medios y pronunciamientos de organizaciones profesionales y asociaciones de pacientes.

Pero la conversación pública acabó asfixiada dentro de un marco muy estrecho: de un lado, quienes defendían un «nuevo derecho»; del otro, una oposición cuyo rostro público terminó siendo casi exclusivamente la Iglesia católica.

Sin embargo, como diría Javier Gomá, en democracia necesitamos verdades penúltimas: razones compartibles entre quienes discrepan sobre el sentido último de la existencia.

Ese fue y sigue siendo, a mi juicio, el gran déficit del debate español.

Había y hay razones últimas para oponerse a la ley, pero también razones penúltimas que quedaron fuera de la conversación, haciendo que plantear siquiera reparos al acto de eutanasiar pareciera asunto de unos pocos y no una posibilidad abierta a cualquiera dispuesto a dejarse convencer por un buen argumento.En el debate francés han destacado voces como la de Didier Sicard , médico y expresidente del Comité Consultivo Nacional de Ética.

Sicard, que años atrás había admitido excepciones jurídicas, señaló que la nueva ley descansaba sobre una ficción antropológica: considerar plenamente libre y autónoma la voluntad de quien se encuentra, precisamente, en el momento de mayor fragilidad, sufrimiento, dependencia y miedo de toda su existencia.

Invocar la autonomía en ese preciso instante debería obligarnos a preguntarnos qué significa cuando la persona atraviesa las condiciones que más limitan su ejercicio.

También señaló cómo la ley burocratiza la eutanasia como mecanismo de aceptabilidad: informes médicos, requisitos acumulativos, procedimientos garantistas y controles administrativos.

El lenguaje jurídico neutraliza la singularidad moral del acto que pretende regular.

Se habla de «prestación», «procedimiento» o «ayuda para morir», hasta invisibilizar la acción: eutanasiar.