El asesor de Sánchez estuvo diez años contratado en Dos Hermanas hasta que logró ser fijo

La Audiencia de Sevilla tiene sobre el tapete una petición del PP en demanda de que la jueza número 7 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas reabra la investigación sobre la colocación de Francisco Salazar, quien fuera asesor en la Presidencia del Gobierno y secretario de Organización 'in pectore' del PSOE, cargo que renunció asumir tras ser acusado de comportamientos machistas; en el Ayuntamiento nazareno durante la etapa del alcalde Francisco Toscano Sánchez .

Salazar comenzó a trabajar en 2012 en el Consistorio sin los trámites esenciales de cualquier procedimiento público de selección y más de diez años después, fue consolidado como fijo en dicha administración local.

Se trata de un recurso de apelación dirigido contra los autos del pasado mes de junio, en los que la jueza acuerda el sobreseimiento libre de la causa por prescripción del delito de prevaricación administrativa, al remontarse a 2012 la contratación.

Los populares, personados en la causa como acusación popular en estas diligencias derivadas de una querella inicial de Vox, no lo ven así y avisan de que el delito de prevaricación investigado tiene carácter continuado, con lo que su «cómputo prescriptivo no puede iniciarse hasta la realización del último acto integrante de la conducta delictiva», fijado en 2023 con el reconocimiento de Salazar como empleado fijo.

Este recurso se suma a las acciones judiciales también emprendidas por Vox ante la Audiencia, contra la decisión de la instructora de cerrar la causa por prescripción de los hechos, alegando dicha formación que no se han investigado hechos posteriores a 2012.

Según la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil, Salazar comenzó su vinculación con el Ayuntamiento de Dos Hermanas el 7 de julio de 2012 por la jubilación de un empleado municipal, que desarrollaba su labor en el Gran Hipódromo de Andalucía.

Fue contratado, destacan los investigadores, «sin la convocatoria y posterior celebración de un proceso ajustado a la normativa vigente que regulaba el acceso a la administración pública, pudiéndose haber llevado a cabo de manera discrecional,sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad».

El Ayuntamiento defiende de su lado que Salazar accedió a la nómina de trabajadores a través de una oferta gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo, extremo que descarta la jueza.Cinco año después de incorporarse solicitó una excedencia forzosa por puesto público tras ser elegido como cargo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

A continuación, el 1 de diciembre de 2022 el Ayuntamiento convocó un concurso de méritos para diez plazas como técnico.

Salazar se presentó y quedó entre los diez primeros.