¿Necesitamos proteger a las audiencias?

Probablemente para cuando aparezca publicado este texto ya se habrán aprobado los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

En el Congreso no hay nada que lo impida.

En México, el Poder Legislativo, igual que el Judicial, está a las órdenes del Ejecutivo.

Pero, ¿en verdad necesitamos proteger a las audiencias? ¿De qué? Al parecer lo que se busca es protegernos de noticias falsas y desinformación. ¿Quién decidirá sobre la veracidad de cierta información? El gobierno por supuesto.

Eso, aquí y en China, se llama censura.

Vayamos llamando a las cosas por su nombre.

Lee también: El avance de la cruzada evangélica en América La Declaración Universal de Derechos Humanos, que bien harían en leer nuestros legisladores, establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” Por más que me esforcé, no encontré en ningún lado el derecho a “recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, política, social y cultural y lingüística de la nación”, que es lo que se plantea en la iniciativa.

Lo que dice el Art 19 es que tenemos (o deberíamos de tener) el derecho de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” Resulta irónico que se considere al pueblo bueno y sabio tan preparado como para elegir jueces y magistrados, pero tan ignorante como para poder distinguir una noticia falsa, y que por tanto requiere de la “protección” del gobierno.

No nos dejemos engañar.

Ya la periodista Anne Applebaum señala en su libro Autocracy, Inc . que los gobiernos autoritarios parecieran tener un manual de operación en común, pues emplean las mismas tácticas en diferentes latitudes.

Nuestros Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no son nada nuevo.

Son una copia de otros previos.

En el proceso de destrucción de su país, el presidente venezolano Hugo Chávez promulgó, en diciembre de 2004, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y la Televisión, mejor conocida como “Ley Resorte”.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación antes de la aprobación definitiva de esta Ley, por considerar que podía ser incompatible con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, como en efecto lo fue.