Oootra de seguros privados: tras 26 años con póliza, pide transparencia; su prima se encareció 46%

Después de 26 años de mantener vigente una póliza de gastos médicos mayores, Victoria Huttich enfrenta un incremento de 46% en el costo de su prima y cuestiona la falta de transparencia de Seguros Monterrey New York Life para explicarle las condiciones que, asegura, le impiden modificar su cobertura.

Victoria contrató el seguro cuando tenía apenas cuatro años. Desde entonces, la póliza se convirtió en un respaldo para enfrentar los gastos relacionados con vivir con Diabetes Tipo 1, así como para tener acceso a tratamientos, atención especializada y tecnología médica.

Sin embargo, en 2026, de acuerdo con su testimonio, la aseguradora incrementó 46% el costo de la prima. Ante este aumento, Victoria buscó una alternativa que le permitiera conservar su protección sin asumir un costo que, considera, podría volverse insostenible en los próximos años.

Su propuesta fue reducir la suma asegurada de una modalidad sin límite a otra con un monto máximo. Explicó que la propia aseguradora contempla este tipo de opciones para sus clientes, por lo que solicitó modificar las condiciones de su póliza antes de verse obligada a cancelarla por el costo.

“Mi póliza con suma asegurada sin límite indican que el costo va a subir de manera exponencial hasta que en algún momento se haga impagable. Entonces esa es la razón por la cual yo quiero disminuir la suma asegurada”, explicó.

No obstante, Seguros Monterrey rechazó su solicitud. Victoria asegura que la negativa se fundamentó en una política interna aplicable a personas que mantienen un siniestro abierto, situación que, sostiene, no está contemplada en las cláusulas de su contrato ni en las condiciones generales de la póliza.

La asegurada afirma que conoció casos de otros clientes sin siniestros abiertos a quienes sí se les permitió cambiar de una suma asegurada sin límite a una suma topada. Por ello, considera que existe una posible inequidad entre quienes mantienen un seguro y utilizan su cobertura y aquellos que no presentan reclamaciones pendientes.

“Cualquier asegurado debe tener derecho a conocer lo que está contratando”, sostuvo Victoria, quien solicitó a la compañía conocer las políticas internas utilizadas para justificar la negativa. Según su relato, la aseguradora respondió que esos documentos son considerados propiedad industrial y, por esa razón, no podían serle proporcionados.

Ante la falta de una solución, Victoria acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Durante la audiencia de conciliación volvió a solicitar información sobre las políticas internas que sustentaban la decisión, pero asegura que la compañía mantuvo su postura y no presentó los documentos.

Para Victoria, el problema va más allá de su caso particular, pues considera que las personas con enfermedades crónicas pueden quedar en una situación de vulnerabilidad cuando dependen de un seguro médico para mantener acceso a tratamientos y atención especializada.