México ante una intervención jurídicamente justificada por Washington

Cuando se menciona el concepto de intervención estadounidense, el colectivo social suele concebir una imagen equivocada: tropas que cruzan la frontera, ocupación territorial, hostilidades declaradas.

Pero Estados Unidos ha desarrollado una doctrina distinta, igualmente capaz de ejercer fuerza en otro país: operaciones limitadas, selectivas y temporales, dirigidas contra objetivos específicos, y que no califica como guerra ni las presenta como invasión.

Conforme a su derecho interno, el presidente estadounidense puede ordenar operaciones militares fuera de su territorio sin autorización previa del Congreso cuando determine que protegen un interés nacional y que, por su naturaleza, alcance y duración, no constituyen una guerra en sentido constitucional.

La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia lo expuso al analizar la operación en Libia: el comandante en jefe puede emplear fuerza militar en una misión limitada sin autorización legislativa.

Ese marco adquirió una dimensión nueva con la orden ejecutiva 14157, que designó a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y los incorporó a su aparato de contraterrorismo, inteligencia y seguridad nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025 prevé despliegues para derrotar cárteles y fuerza letal en lugar de una respuesta exclusivamente policial.

La Estrategia de Contraterrorismo de 2026, por su parte, anuncia campañas militares y penales contra las organizaciones designadas y sostiene que Washington actuará con los gobiernos locales que puedan y quieran colaborar; si no, realizará las acciones que considere necesarias.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, terminó de colocar a México dentro de esa ecuación.

Afirmó que Estados Unidos busca producir en tierra el mismo efecto que sus ataques contra embarcaciones del narcotráfico y que toda organización que amenace a estadounidenses será tratada como el Estado Islámico o Al Qaeda.

Añadió que las capacidades desarrolladas en veinticinco años para identificar, localizar, fijar y neutralizar redes se aplicarán desde el tráfico de cocaína y fentanilo hasta las que llamó “plazas mexicanas”.

No dijo que exista una orden para atacar territorio mexicano.

Pero sí describió una capacidad, una intención y una estructura operativa.

La cadena es visible: designación terrorista, identificación de objetivos, inteligencia, facultades presidenciales y empleo de fuerza.

Dentro del derecho estadounidense, una operación para desarticular una red, detener a una persona o destruir un objetivo puede construirse como acción militar limitada, no como guerra contra México.