Caso Carlos Emilio en Mazatlán: CEAV litiga contra madre buscadora para no pagar gastos de investigación y búsqueda

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litiga en tribunales contra Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido en Mazatlán desde octubre de 2025, para evitar pagar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación que la Ley General de Víctimas le obliga a cubrir.

La institución incluso impugnó una orden judicial que ya había reconocido ese derecho a la familia.

A diez meses de la desaparición de Carlos Emilio, la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la República ( FGR ) y ha obligado a la familia a realizar constantes traslados para asistir a diligencias.

Fue la propia Fiscalía la que solicitó a la CEAV cubrir esos gastos, pero la petición fue rechazada.

“Son diez meses que hemos estado sin detenernos absolutamente ningún día, pero que, sin embargo, pesan en todos los sentidos: en lo emocional, en lo físico, en lo familiar y también en lo económico.

Llega un momento en el que es una situación muy difícil de seguir sosteniendo”, declaró Valenzuela en entrevista con Milenio .

La CEAV impugnó el amparo que favorecía a la familia Cuando la CEAV atrajo el caso en octubre de 2025, asumió la obligación legal de brindar ayuda inmediata, asistencia y reparación integral a la familia, incluidos los apoyos derivados de las labores de búsqueda e investigación.

Sin embargo, la institución no cubrió los recursos solicitados ni atendió el requerimiento formal de la FGR para garantizar que la familia pudiera participar en las diligencias.

El boletín de Defensorxs, organización que representa legalmente a Brenda Valenzuela, sostiene que la Comisión “ha preferido litigar en contra de una madre que busca a su hijo” en lugar de garantizar el acceso a los recursos que la ley le reconoce.

Ante esa negativa, la defensa promovió un juicio de amparo indirecto .

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva y ordenó a la CEAV garantizar el pago de los apoyos.

La respuesta de la institución fue presentar un recurso de revisión para impugnar esa resolución.

Valenzuela calificó esa maniobra como una estrategia de desgaste: “Pese a estas instrucciones, la Comisión decide meter este recurso de revisión en un afán de hacer más tiempo, de generar más desgaste”, señaló.

Defensorxs también calificó la actuación de la CEAV como un caso de violencia institucional y victimización secundaria , al advertir que cada recurso legal impuesto por la Comisión añade nuevas cargas a una familia que ya enfrenta la búsqueda de un hijo desaparecido.