Comparecencias: ¿rendición de cuentas o simulación democrática?

Cada año, con motivo del informe presidencial, secretarios de Estado y titulares de otras dependencias y organismos acuden al Congreso de la Unión a explicar sus resultados.

Se presentan cifras, se defienden políticas, se formulan cuestionamientos y, a veces, hay choques entre legisladores y funcionarios.

Pero una pregunta sobrevive a cada ejercicio: ¿para qué sirven realmente? Con motivo del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados aprobó su calendario de comparecencias y reuniones de trabajo, y en el Senado el ciclo arrancó el 5 de octubre con la secretaria de Gobernación, a puerta cerrada.

La agenda incluye a otras dependencias y una reunión de trabajo con la fiscal general de la República que, por la autonomía de la Fiscalía, no es formalmente una comparecencia.

El fundamento es claro: los artículos 69 y 93 constitucionales facultan al Congreso para pedir información y citar a secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos, quienes deben informar bajo protesta de decir verdad.

El propósito es que el Legislativo supervise al Ejecutivo.

El problema surge cuando confundimos esa formalidad con una verdadera rendición de cuentas.

Las comparecencias suelen ser previsibles: los legisladores oficialistas destacan logros, la oposición cuestiona resultados y los funcionarios defienden su gestión.

Al final, cada fuerza ofrece su interpretación sin una evaluación verificable de lo dicho.

No es un problema exclusivo de este gobierno: con distintos partidos en el poder cambian funcionarios y mayorías, pero persiste la falta de seguimiento sistemático.

Conviene una distinción justa.

En la administración pública conviven servidores capaces, profesionales y comprometidos, que elaboran diagnósticos, sostienen programas y responden con rigor al Congreso, con otros que hacen de la comparecencia un ejercicio de evasivas y cifras a modo.

Generalizar sería injusto con los primeros e indulgente con los segundos.

La Ley del Servicio Profesional de Carrera, de 2003, buscó que el mérito guiara el ingreso y la permanencia; su aplicación ha sido desigual, pero el principio es correcto.