Del narcogobierno a la gobernanza criminal

Lo que está dominando la deliberación sobre el proceso electoral en curso es lo que tiene que ver con la organización de las elecciones y la competencia al interior de los partidos políticos por la definición de candidaturas.

Pero no se atiende a la razón misma de los comicios.

Sin duda, es importante advertir sobre los riesgos involucrados cuando hay sospechas sobre la calidad de la organización o sobre el sesgo de las autoridades involucradas; de la misma manera, es importante conocer quiénes son las personas postuladas por los diversos institutos políticos, sus orígenes y trayectorias, pero lo más relevante es lo que está en juego.

La pregunta que debería estar en el centro es: ¿Qué consecuencias tendrá la elección —qué responsabilidad implica para la persona electa— para la convivencia social, el desarrollo económico, para la configuración y ejecución de las instituciones del Estado y para la política misma? Esa es finalmente la razón de ser de una elección; lo otro son los actos procedimentales, la vida interna de los partidos que en estos momentos parece reducirse al refrendo de lealtades, negociación de tramos de poder y competencias de popularidad.

Lo que se definirá en las elecciones del próximo año es la constitución e identidad misma del Estado mexicano, la que se encuentra alterada por la presencia del crimen organizado (CO) en las más diversas esferas de la vida social, económica y política de nuestro país.

Si bien los grupos delincuenciales están en mayor o menor medida presentes en cualquier sociedad, el problema es cuando pasan de la marginalidad al centro y forman parte de la cotidianidad y de las decisiones públicas, sustituyendo al Estado o siendo parte de él en tareas de impartición de justicia, arbitraje, seguridad, cobro de impuestos, administrando recursos públicos, imponiendo reglas a la convivencia social y encabezando inversiones.

Sí, parece exagerado, pero a eso hemos llegado y, si bien es cierto que el problema está más acentuado en diversas regiones del país, no hay territorio en el que el CO no esté presente como actor relevante.

Esto es lo que ha venido pasando en México y se ha acentuado a partir del gobierno de López Obrador.

Hay que decirlo con claridad y puntualidad: AMLO impulsó una política permisiva frente al CO, al amparo de su frase de “abrazos, no balazos”, y relajó la necesaria disciplina de la función pública en aras de la continuidad de su proyecto, lo que trajo consigo el incremento de los índices de corrupción —para muestra el huachicol fiscal— y la coalición entre no pocos de sus colaboradores y cercanos y los líderes de las organizaciones criminales.