La Suprema Corte niega a los estados hacer leyes sobre la extorsión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) informó este 20 de agosto que el Pleno invalidó disposiciones de leyes de Tabasco y Baja California Sur al concluir que, tras la reforma constitucional de 2025 y la Ley General en la materia, solo el Congreso de la Unión puede legislar sobre los tipos penales de extorsión , sus sanciones y la distribución de competencias entre autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la SCJN , los congresos locales no pueden crear , modificar ni reproducir normas sobre investigación , persecución, medidas cautelares, sanciones o reglas procesales de la extorsión , aunque coincidan con la legislación nacional.

La Corte señaló que los estados conservan atribuciones para investigar , perseguir , procesar y sancionar la extorsión conforme a la Ley General, además de organizar sus instituciones , pero sin establecer un régimen jurídico local en esa materia.

La decisión correspondió a las acciones de inconstitucionalidad 44/2026 y 36/2026, así como a su acumulada 37/2026, según el tuit publicado por la SCJN .

Congreso aprueba la ley general contra la extorsión con penas de 15 a 25 años La Cámara de Diputados aprobó el 25 de noviembre del 2025 la reforma que crea la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión , con castigos de 15 a 25 años de prisión El planteamiento avanzó en el Pleno con 409 votos a favor , 33 en contra y una abstención .

La nueva ley también ordenó que las fiscalías federales y locales cuenten con unidades especializadas, personal ministerial y policial capacitado, evaluado y certificado para investigar este delito.

La ley fijó sanciones para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar , hacer , dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o lucro propio o para un tercero, o para causarle un daño patrimonial, moral, físico o psicológico.

La pena prevista es de 15 a 25 años de cárcel y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El dictamen que regresó del Senado endureció el castigo originalmente avalado por los diputados .

La primera versión contemplaba de seis a 15 años de prisión, pero la redacción final elevó el rango mínimo y máximo hasta 15 y 25 años .

Las modificaciones se concentraron en el primer artículo del decreto, correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión .

Uno de los argumentos expuestos por los senadores fue que las penas iniciales podían beneficiar a personas ya condenadas por ese delito.