El secuestro que mutó: cómo la era del Mochaorejas marcó el antes y el después del plagio en México
En la noche del 17 de agosto de 1998, cuando los agentes federales esposaron a Daniel Arizmendi López en las inmediaciones del Toreo Cuatro Caminos, en Naucalpan, no solo cerraron el expediente del secuestrador más buscado del país.
Clausuraron también la era de las grandes bandas de plagiarios que habían convertido a México en uno de los países con mayor incidencia de secuestros en el mundo durante esa década.
Lo que vino después no fue el fin del delito, sino su mutación.
El modelo que Arizmendi llevó a su expresión más brutal dejó una huella en la forma en que el crimen organizado entendería el secuestro durante los siguientes 25 años.
El ecosistema criminal que hizo posible al Mochaorejas El secuestro como negocio organizado no nació con Arizmendi.
Según funcionarios federales citados por La Jornada , las primeras grandes bandas se formaron en 1981 en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde coincidieron figuras como Andrés Caletri, José Bernabé Cortés —apodado “El Marino”— y José Luis Canchola.
Ese fue el semillero.
Durante los años ochenta y la primera mitad de los noventa, el modelo dominante apuntaba a empresarios y políticos de alto perfil.
Las bandas operaban con cierta contención: el objetivo era cobrar el rescate, no necesariamente escalar la violencia.
Las víctimas eran elegidas por su capacidad de pago, y la negociación era parte del protocolo, según el análisis histórico del delito publicado por la UNAM .
Arizmendi rompió esa lógica.
Su banda operó entre 1996 y 1998 en al menos siete estados del país y acumuló alrededor de 200 secuestros, aunque él mismo reconoció solo 21 en sus primeras declaraciones a la prensa tras su captura, según recogió El País .
La cifra real nunca se estableció con precisión porque muchas víctimas no denunciaron por miedo.
Un método diseñado para paralizar, no solo para cobrar La técnica de Arizmendi tenía un componente que sus predecesores no habían sistematizado: la mutilación como herramienta de presión pública.
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