Derecho a la movilidad en CDMX para adultos mayores: la iniciativa que busca combatir la desigualdad en la capital

El Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta legislativa que busca garantizar el derecho a la movilidad accesible y segura para las personas adultas mayores, con el objetivo de combatir la desigualdad que enfrenta este grupo ante las barreras físicas, económicas y sociales que limitan su autonomía.

La iniciativa, registrada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín , plantea reformas a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la capital, en respuesta al envejecimiento acelerado de la población y a las necesidades específicas de quienes superan los 60 años.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman que las personas de 60 años y más representan alrededor de 14 por ciento de la población nacional, porcentaje que tiende a incrementarse de forma sostenida.

Esta tendencia obliga a revisar y fortalecer el marco jurídico y las políticas públicas para eliminar las restricciones que impiden a este sector ejercer su derecho a moverse de manera libre y segura en la ciudad.

El derecho a la movilidad como llave para otros derechos La propuesta de Macedo Escartín sostiene que la movilidad es un derecho humano indispensable para acceder a servicios de salud, rehabilitación, alimentación, justicia, educación y actividades de integración social.

“Una persona adulta mayor que no puede desplazarse de manera segura, accesible y autónoma enfrenta mayores obstáculos para acceder a servicios”, señaló el legislador.

El documento entregado al Congreso subraya la necesidad de que la ley local reconozca explícitamente el derecho a la movilidad, en armonía con la Constitución Política de México , la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y tratados internacionales.

El legislador argumentó que este ajuste legal responde al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no genera nuevas obligaciones desproporcionadas para el Estado, sino que actualiza el marco normativo para que las políticas y programas públicos cumplan con los estándares nacionales e internacionales de protección a los adultos mayores.

Entre los puntos que se buscan incorporar a la ley destacan la promoción de infraestructura vial, espacios públicos, cruces peatonales, banquetas y sistemas de transporte accesibles, seguros y adecuados a las necesidades de la población mayor.

El objetivo es que las personas adultas mayores puedan desplazarse libremente en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, autonomía, igualdad, inclusión y no discriminación .