México, en la mira: lo que la etiqueta de “terrorista” a los carteles significa para las empresas que operan ahí

Claire O’Neil-Macclesky , cofundadora de la firma de asesoría en sanciones Clarity Compliance Consulting y exfuncionaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos , explicó en una entrevista con InsightCrime qué implica para las empresas la designación de carteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

La conversación, conducida por la editora general de InsightCrime, Deborah Bonello, se centró en los riesgos legales, civiles y migratorios que enfrentan compañías desde que el gobierno de Donald Trump aplicó esa figura a grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa .

Según la especialista, la medida llega después de que esos grupos ya estuvieran clasificados como organizaciones criminales transnacionales bajo OFAC o bajo la Ley Kingpin.

Esa clasificación previa ya generaba riesgo legal y reputacional para quienes hicieran negocios con los carteles en territorio mexicano.

El Cartel Jalisco Nueva Generación y la acción del Tesoro de julio de 2026 O’Neil-Macclesky repasó la acción del Departamento del Tesoro de julio de 2026 contra decenas de empresas y compañías fachada vinculadas al CJNG.

La medida alcanzó a negocios de distintas industrias ubicados en diferentes estados de México.

Esa acción, dijo la especialista, muestra la capacidad del gobierno estadounidense para desplegar designaciones de redes empresariales a gran escala.

Sin embargo, reconoció que los carteles mexicanos se adaptan con rapidez y cuentan con una ventaja de terreno que las autoridades estadounidenses no tienen.

La designación como FTO añade un riesgo que antes no existía para las compañías con presencia en México.

Las empresas pueden ahora enfrentar sanciones penales por brindar apoyo material de forma consciente al CJNG, al Cartel de Sinaloa o a cualquier otro grupo designado.

Esa definición de apoyo material es amplia e incluye armas, dinero, suministros e incluso asesoría técnica.

También existe el riesgo de demandas civiles por parte de víctimas del terrorismo contra compañías señaladas de colaborar con esos grupos.

A esto se suma una consecuencia migratoria directa: cualquier persona considerada miembro de un cartel designado puede ser deportada de Estados Unidos.

O’Neil-Macclesky explicó que esta amenaza alcanza tanto a ejecutivos como a empleados de empresas que operan en territorio mexicano.