Caso Digna Ochoa, 25 años después: México sigue sin cumplir las medidas ordenadas por la Corte Interamericana

Digna Ochoa y Plácido fue una abogada y defensora de derechos humanos que acompañó casos relacionados con abusos de autoridad, labor por la que recibió múltiples amenazas.

El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

La investigación oficial concluyó que su muerte había sido un suicidio , una versión cuestionada durante años por su familia y organizaciones civiles debido a las irregularidades del expediente.

Veinte años después, el 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado mexicano por las graves irregularidades cometidas durante la investigación y por las violaciones a los derechos de sus familiares .

La sentencia ordenó medidas para reparar el daño , continuar las indagatorias y prevenir que se repitieran fallas similares en casos de agresiones contra personas defensoras.

El tribunal no determinó quién causó la muerte de Ochoa ni declaró culpable a una persona en particular.

A casi cinco años de esa resolución y en el 25 aniversario de la muerte de la abogada, familiares y organizaciones civiles denunciaron que 13 de las 15 medidas ordenadas siguen sin cumplirse integralmente.

El 19 de octubre de 2026, frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), exigieron avances para esclarecer el homicidio y reclamaron acciones pendientes, entre ellas fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras y garantizar la aplicación efectiva de un protocolo para investigar ataques contra ellas.

La sentencia internacional que México todavía debe cumplir La Corte IDH emitió su sentencia el 25 de noviembre de 2021 en el caso Digna Ochoa y familiares vs.

México .

Determinó que el Estado era responsable internacionalmente por las violaciones relacionadas con la investigación de la muerte de la defensora y por las afectaciones que sufrieron sus familiares durante la búsqueda de verdad y justicia.

El tribunal concluyó que la investigación no cumplió con los estándares necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte .

También señaló que se descartaron líneas de investigación sin una justificación adecuada y que las diligencias no incorporaron de manera suficiente la perspectiva de género ni el contexto de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.

La resolución no se limitó a ordenar compensaciones económicas.