La Suprema Corte abre la vía para que el gobierno vaya contra exfuncionarios ligados a García Luna

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) abrió este 20 de agosto la vía para que la SSPC siga litigando por el presunto daño al patrimonio federal en contratos penitenciarios ligados a la gestión de Genaro García Luna , al reconocer por primera vez que una secretaría de Estado puede promover un amparo directo para defender recursos públicos de su propio presupuesto .

Según La Jornada , este fallo de la SCJN se tomó por siete votos contra dos y revocó el criterio de un tribunal colegiado que había cerrado esa ruta legal.

El asunto regresó ahora a ese órgano para que resuelva el fondo del amparo con el reconocimiento formal de la legitimación de la dependencia.

El caso proviene de una denuncia presentada en 2020 contra 16 exservidores públicos por su presunta participación en irregularidades en contratos y convenios para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios .

Esos actos habrían causado un daño superior a 5 mil millones de pesos .

La resolución del Pleno se apoyó en el artículo 7 de la Ley de Amparo .

De acuerdo con el comunicado de la SCJN , la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) sí puede acudir a ese juicio en representación de la Federación cuando el acto reclamado pueda afectar el patrimonio federal.

La Corte devolvió el expediente al tribunal para que resuelva el fondo El proyecto aprobado fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf .

En la sesión sostuvo que: “En el caso, los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas son recursos federales cuya gestión correspondía a la Secretaría en representación de la Federación , de modo que la conducta imputada sí produjo una afectación patrimonial directa que satisface los requisitos del artículo séptimo de la Ley de Amparo ” .

La SCJN concluyó que el tribunal colegiado no estudió de forma completa el acto reclamado.

Según el Máximo Tribunal, dejó de considerar que el delito investigado consistía en la contratación irregular de servicios con recursos públicos federales, un punto que guarda relación directa con el patrimonio administrado por la SSPC .

Con esa base, el Pleno revocó la sentencia impugnada y ordenó devolver el expediente al tribunal colegiado.

Ese órgano deberá dictar una nueva resolución sobre el amparo directo, ya con el reconocimiento de que la Secretaría sí tiene interés jurídico para promoverlo.

El caso penal surgió por contratos celebrados entre 2010 y 2011 Durante la audiencia de imputación, la FGR sostuvo que funcionarios encabezados por Genaro García Luna , entonces secretario de Seguridad Pública, habrían acordado entre 2010 y 2011 diseñar un aparente proceso de adjudicación directa para contratar servicios penitenciarios , citó La Jornada .