Multihomicidio en Atizapán: justicia sin cacería

El multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, en el que fueron asesinados Jonathan Meléndez (del grupo Camilo Séptimo), Ana Paula Barragán, su hija de tres años y Aleida Romero, ha generado una indignación completamente comprensible.

Se trata de un hecho brutal que lastima, provoca enojo y despierta una exigencia legítima de justicia.

Pero justamente en casos como éste es cuando más debemos recordar que la justicia no se construye con indignación, sino con pruebas.

En los últimos días hemos conocido videos, declaraciones, imágenes de la escena del crimen y versiones sobre las personas detenidas, Diego Sebastián y Gerardo.

Esa exposición puede hacernos sentir que ya sabemos exactamente qué ocurrió y quién participó.

Sin embargo, en materia penal hay una diferencia enorme entre saber —o creer saber— lo que pasó y poder demostrarlo ante un juez.

Debemos tener cuidado con las filtraciones en los medios de comunicación.

Difundir fotos y videos del caso o fragmentos de la investigación puede satisfacer la curiosidad pública o producir una supuesta exclusiva periodística, pero también puede generar cuestionamientos sobre la preservación de la evidencia y afectar un caso que todavía debe probarse ante los tribunales.

Ahí existe una responsabilidad importante de los medios.

Informar es indispensable, pero informar no significa publicar todo lo que llega a una redacción sin medir las consecuencias.

En asuntos tan delicados, una filtración puede terminar perjudicando precisamente a quienes queremos proteger: las víctimas.

También está el riesgo de convertir la indignación en una cacería.

En el caso de Atizapán se ha señalado no sólo a quien aparece como principal acusado, Diego Sebastián, sino también a personas de su entorno, entre ellas su esposa y el propio Gerardo.

Pero la responsabilidad penal es individual.