Mónica Soto se va por la puerta de atrás

¿A qué nivel estará la grilla, la confrontación y la recomposición de fuerzas dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que Mónica Soto Fregoso, una de las magistradas más poderosas de los últimos años, haya decidido presentar su renuncia y marcharse antes de concluir el periodo que, gracias a la reforma judicial, pudo haberse perpetuado? Públicamente habló de cerrar un ciclo después de tres décadas de carrera profesional y de cumplir compromisos personales y familiares.

Esas son las razones que ha expresado, pero en política —y mucho más en un órgano tan politizado como el TEPJF— las renuncias anticipadas inevitablemente generan lecturas adicionales.

Estamos prácticamente en la antesala del proceso electoral de 2027, cuando estará en juego la Cámara de Diputados y buena parte del mapa político nacional, y la salida de Soto vuelve a modificar los equilibrios de una Sala Superior que durante los últimos años ha sido protagonista de algunas de las decisiones electorales más controvertidas del país.

Mónica Soto se marcha dejando tras de sí una larga estela de polémicas.

Una de las más importantes ocurrió después de las elecciones de 2024, cuando el Tribunal avaló la distribución de diputaciones que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La resolución fue cuestionada duramente por la oposición, que sostuvo que se estaba otorgando al bloque oficialista una representación legislativa muy superior al porcentaje de votos recibido.

Soto formó parte de la mayoría que sostuvo aquella interpretación con los dos Felipes.

La consecuencia política fue enorme: Morena, PT y PVEM consiguieron los números necesarios en San Lázaro para impulsar las reformas constitucionales heredadas por Andrés Manuel López Obrador.

Después vino la elección judicial.

Ahí nuevamente apareció el bloque integrado por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, los llamados “Felipes”, para rechazar por mayoría de tres votos contra dos la pretensión de anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El asunto de los famosos “acordeones” era demasiado grave para despacharlo como una simple anécdota electoral.

Durante aquel proceso fueron denunciadas la distribución masiva de guías para orientar el voto y otras presuntas irregularidades.

La mayoría del Tribunal consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar de manera determinante una operación capaz de justificar la nulidad.

Reyes Rodríguez y Janine Otálora sostuvieron una posición distinta y votaron por invalidar la elección.