PAN busca hasta 140 años de cárcel para políticos ligados al crimen organizado: “Se acabó la impunidad”
El Partido Acción Nacional ( PAN ) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para endurecer las sanciones contra servidores públicos que establezcan vínculos o colaboren con integrantes del crimen organizado .
La propuesta plantea penas de entre 80 y 140 años de prisión , multas de hasta 24 mil días y que este tipo de delitos no prescriban.
La iniciativa, denominada en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado , contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada .
De acuerdo con los planteamientos presentados por la bancada panista, las sanciones alcanzarían a funcionarios que utilicen las estructuras del Estado para favorecer o proteger actividades criminales.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa , aseguró que el proyecto será una de las principales prioridades de su bancada durante el actual periodo legislativo y vinculó la discusión con los recientes señalamientos contra funcionarios de Sinaloa .
Durante la presentación de la propuesta, Lixa sostuvo que el objetivo es establecer sanciones que impidan que los funcionarios declarados responsables recuperen su libertad.
“Si de verdad Morena y el gobierno no quieren proteger a los narcopolíticos , pongamos sanciones claras”, expresó el legislador, al insistir en que la iniciativa busca establecer penas que equivalgan a una condena de por vida .
PAN busca penas de hasta 140 años contra los llamados “narcopolíticos” La propuesta fue presentada por el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez y plantea investigar y sancionar los casos en los que servidores públicos mantengan acuerdos o relaciones de colaboración con integrantes de organizaciones criminales.
De acuerdo con la iniciativa, las conductas podrían ser sancionadas con penas de 80 a 140 años de prisión , además de multas de hasta 24 mil días .
El proyecto también propone que estos delitos sean imprescriptibles .
La intención, según lo expuesto por los legisladores panistas , es que las personas que sean encontradas responsables de utilizar cargos públicos para beneficiar a grupos criminales enfrenten la sanción máxima contemplada en la reforma.
Hinojosa Pérez explicó que el planteamiento contempla a titulares e integrantes de distintas instituciones y poderes públicos, incluidas autoridades de los tres poderes, fiscalías y áreas relacionadas con la seguridad pública.
El diputado señaló que las alianzas entre funcionarios y organizaciones criminales deben recibir una sanción equivalente a la gravedad de los delitos que se pretende combatir.
La propuesta también busca evitar que las estructuras gubernamentales sean utilizadas para proteger actividades delictivas o intervenir en procesos electorales.
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