Opacidad y corrupción

La corrupción, dejó sembrado Andrés Manuel López Obrador en el imaginario colectivo, era el origen de los males de México y acabaría con ella.

No habría más funcionarios enriquecidos al amparo del poder ni privilegios.

Tampoco gobiernos que utilizaran los recursos públicos para beneficiar a los amigos, o una clase política que predicara austeridad mientras vivía como millonaria.

La corrupción sería cosa del pasado.

Su sola llegada a la Presidencia inyectaría mágicamente pureza y lo que aún quedara de la escoria sería barrida de arriba hacia abajo.

Pura palabrería.

Puros engaños.

El pasado nunca se fue; llegó revigorizado al presente.

En solo dos semanas, para no escarbar en los últimos ocho años, los casos de Octavio Romero Oropeza y Carlos Ulloa, dos altos funcionarios del gobierno, volvieron a escupir la honestidad valiente de López Obrador, al quedar envueltos por una nube de sospecha de corrupción y conflictos de interés, que aumentó la presidenta Claudia Sheinbaum al litigarlos mediáticamente, en lugar de instruir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a revisar los señalamientos públicos en su contra.

La omisión de su responsabilidad también es un delito.

Los casos de los directores del Infonavit y de Birmex no son idénticos, pero forman en su conjunto algo que es políticamente más importante: la cascada de preguntas sobre su patrimonio, contratos, privilegios y relaciones oscuras que ponen a prueba la promesa moral con la que Morena llegó al poder.

Ese es el verdadero problema, porque la corrupción no comienza necesariamente cuando se les dicta sentencia, sino cuando un funcionario no puede explicar convincentemente por qué su patrimonio, sus negocios, sus contratos o su nivel de vida son compatibles con sus ingresos y con las reglas que está obligado a respetar.

El caso de Romero Oropeza es el último, luego de que una investigación periodística que buscó debajo de las piedras en su declaración patrimonial, que había pedido mantener reservada como si fuera un asunto de seguridad nacional, encontró que su fortuna supera los 47 millones de pesos, más siete millones en cuentas bancarias, inmuebles y bienes compartidos con sus familiares, incluida una propiedad que compró el 14 de marzo de 2018, pagando al contado tres millones 376 mil pesos.

Previamente, Ulloa quedó exhibido en los medios por la compra al contado de dos departamentos valuados en poco más de 22 millones de pesos, que dijo había pagado con ahorros y recursos de una herencia.