INE rechaza emitir lineamientos para regular actos anticipados de campaña; buscaban fiscalizar recursos

La mayoría de consejerías conocidas como “bloque Taddei” volvió a imponerse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ) y rechazó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos rumbo a las elecciones de 2027, iniciativa que buscaba establecer mecanismos con la finalidad de vigilar desde ahora los gastos en recorridos, eventos, propaganda y actividades de posicionamiento de actores políticos.

La votación, celebrada el este 8 de octubre, volvió a exhibir las diferencias entre los consejeros electorales acerca de los alcances de la facultad fiscalizadora del Instituto y la necesidad de crear reglas específicas para supervisar actividades políticas previas al inicio formal de las precampañas .

Se trata de una discusión que ha regresado en diferentes ocasiones a su Consejo General sin conseguir los votos necesarios con la intención de aprobar dicha regulación.

En contra del proyecto votaron la consejera presidenta, Guadalupe Taddei , así como las consejerías de Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez.

A favor se pronunciaron los consejeros que impulsaron la propuesta, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, además de Rita Bell López.

Defienden necesidad de aprobar lineamientos Castillo defendió la necesidad de aprobar estos últimos lineamientos al advertir que, a pesar del comienzo formal del proceso electoral 2026-2027 el pasado 10 de septiembre, continúan los recorridos territoriales, eventos, encuestas, traslados y difusión de propaganda en medios digitales relacionados con procesos políticos para definir liderazgos y candidaturas.

Sostuvo que el objetivo no era declarar ilegales esas actividades ni presumir que constituyen, por sí mismas, actos anticipados de precampaña o campaña, más bien establecer mecanismos para conocer el origen, monto, destino y aplicación de los recursos involucrados.

Advirtió que, sin reglas específicas para su revisión oportuna, los gastos podrían acabar incorporados a la contabilidad ordinaria de los partidos, cuyos resultados de fiscalización se conocerían hasta el segundo semestre de 2027, cuando el proceso electoral ya habría concluido.

“Lo que sostengo es que debemos contar con mecanismos para conocer su origen, monto, destino y aplicación y determinar oportunamente si se ajustan a la normativa electoral”, planteó durante la sesión.

Humphrey también defendió la propuesta al considerar que la facultad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral es permanente y que la falta de reglas específicas para determinados procedimientos no debe impedir la revisión de los recursos empleados en actividades de posicionamiento político.