Desaparición de siete campesinos en Guerrero evidencia el control territorial del narco, advierte ONG

Ocho campesinos del ejido El Balcón , en el municipio guerrerense de Ajuchitlán del Progreso , permanecen desaparecidos desde el 24 de septiembre.

Hombres armados los privaron de la libertad cuando se dirigían a labores del campo cerca de la comunidad de La Lajita , en una zona disputada entre grupos criminales por el control territorial y la explotación ilegal de la madera.

Especialistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y de Fundar , Centro de Análisis e Investigación , atribuyen el hecho a la expansión de La Nueva Familia Michoacana y a la omisión histórica del Estado en la región.

Edgar Cortez, coordinador de proyectos del IMDHD, sostiene que el caso no es un episodio aislado.

Lo describe como la confirmación de un nivel de sometimiento territorial construido durante años mediante el miedo.

Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos en Fundar , advierte sobre la normalización de la violencia en Guerrero.

El especialista señala que agresiones de esta magnitud ya no generan el escándalo público que deberían provocar.

El trasfondo económico del conflicto tiene nombre propio: la caída de los cultivos de amapola.

Ante ese declive, los grupos armados se desplazaron hacia la tala ilegal, donde las comunidades organizadas que defienden sus bosques se volvieron un obstáculo para su expansión.

El secuestro en La Lajita y la liberación del menor el 1 de octubre El 1 de octubre, los captores liberaron a uno de los secuestrados: un menor de 12 años.

El niño transmitió a la población exigencias del grupo criminal relacionadas con el control del territorio.

La falta de avances en la localización de los otros siete campesinos detonó una respuesta comunitaria.

Las familias y decenas de poblados de la sierra iniciaron movilizaciones masivas para exigir el regreso con vida de los desaparecidos.

Humberto Guerrero vincula esa autoorganización con el abandono institucional.