NosotrAs: La percepción de seguridad y la realidad de la violencia contra las mujeres en Coahuila

En lo que va de 2026, en Coahuila se han contabilizado 14 feminicidios, de acuerdo con reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Activistas y colectivas feministas hemos manifestado nuestra preocupación por el aumento de la violencia feminicida y por la contradicción que existe entre esta realidad y la narrativa difundida por el Gobierno del Estado, que presenta a Coahuila como el estado más seguro del país.

Esta afirmación se fundamenta en los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, según los cuales el 71.5 % de la población considera que vive en un estado seguro, el porcentaje más alto del país.

Sin embargo, esta percepción contrasta con otros indicadores de seguridad.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 48 mil 469 delitos del fuero común en la entidad, cifra que sitúa a Coahuila en el décimo lugar nacional por el número absoluto de delitos registrados.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, durante ese mismo periodo se registraron en Coahuila 10 mil 562 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, lo que ubica a la entidad en el quinto lugar nacional por el volumen de estos reportes, de acuerdo con el SESNSP.

Aunque las llamadas al 911 no constituyen denuncias formales ni carpetas de investigación, sino reportes de emergencia, es importante considerar esta información para comprender el contexto de violencia que enfrentan las mujeres en el estado.

Coahuila puede ocupar el primer lugar nacional en percepción de seguridad y, al mismo tiempo, registrar un elevado número de delitos del fuero común y de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres.

Ambas realidades pueden coexistir.

No se trata de negar que la población se sienta segura en el lugar donde vive, sino de cuestionar que esa percepción se utilice como un indicador suficiente para evaluar las políticas de seguridad pública.

La percepción de seguridad es una realidad social, pero no necesariamente refleja todas las formas de violencia que experimenta la población.

Una evaluación integral de la seguridad debe considerar también la incidencia delictiva, las tasas de delitos en relación con la población y las experiencias diferenciadas de quienes habitan el estado, particularmente de las mujeres.

Reconocer que una percepción favorable de seguridad puede coexistir con la violencia contra las mujeres es indispensable para comprender la problemática, mejorar los diagnósticos y fortalecer las políticas públicas y los protocolos institucionales destinados a su atención y prevención.