Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo .

Las auditorías a las que accedió Infobae , abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.

Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches , y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026.

Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.

La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis.

Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.

Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia.

La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.

La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR , no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores.

Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.

Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general.

El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes” .

La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas.

Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.