Caso AXE Ceremonia: piden vincular a proceso a tres empresas y siete personas por muerte de Miguel Ángel; familia denuncia presiones para aceptar acuerdo

El representante legal de la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, quien murió durante el festival AXE Ceremonia en abril de 2025 , busca que tres empresas y siete personas físicas sean vinculadas a proceso por el delito de homicidio culposo , durante la audiencia que se realiza este domingo en los juzgados de la Ciudad de México.

Previo a la audiencia, el abogado Alan Piñón González explicó que, de las tres empresas imputadas, dos pertenecen a Grupo Eco y una es de Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario, donde ocurrió el colapso de una estructura que provocó la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles , el 5 de abril de 2025.

“Creemos, desde la asesoría jurídica, que se cuenta con toda la evidencia suficiente para establecer que, al menos en este momento, se encuentra acreditado el homicidio culposo y cometido por estas tres empresas”, sostuvo el abogado, quien destacó que la audiencia representa un avance en el proceso penal, después de más de un año y seis meses de los hechos.

Piñón González señaló que, durante una audiencia anterior, ya se logró la vinculación a proceso de la oficial de Protección Civil del evento, lo que consideró un antecedente importante para determinar la probable responsabilidad de las empresas y personas físicas que permanecen imputadas.

El representante legal explicó que el delito de homicidio culposo se atribuye a una serie de negligencias y decisiones tomadas por personas y empresas involucradas en la organización del festival, aunque no existiera la intención de provocar la muerte de los dos fotoperiodistas.

“Por eso se trata de un homicidio culposo, porque es una cadena de negligencias, una serie de decisiones tomadas por personas y por empresas que provocaron que Miguel Ángel Rojas perdiera la vida”, señaló.

Detalló que el delito de homicidio culposo contempla una pena de hasta cinco años de prisión para las personas físicas, mientras que las empresas podrían enfrentar sanciones económicas , restricciones en sus operaciones e incluso su disolución, en caso de que se determine su responsabilidad penal.

Asimismo, mencionó que la prioridad de la familia es lograr la vinculación a proceso de los imputados y que, posteriormente, decidirá si continúa hasta las últimas etapas del procedimiento penal o acepta alguna de las alternativas previstas en la ley.

Familia denuncia presión para aceptar acuerdos Por su parte, Diana Laura Rojas Hernández, hermana del fotoperiodista, denunció que empresarios presionaron a su familia para aceptar una reparación económica e incluso amenazaron con disolver sus compañías si no aceptaban el monto que les ofrecieron.

“Nos dijeron que si no firmábamos un acuerdo en ese momento, después ya no podríamos hacerlo y nos quedaríamos sin nada.