Jalisco, Michoacán y Ciudad de México, entre los estados que rechazan nueva ley indígena: mapa documenta más de 120 inconformidades

La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una reforma novedosa e incluyente que busca proteger en el marco legal a las comunidades indígenas en México , sin embargo, sus planteamientos han recibido un considerable rechazo de los pueblos indígenas.

El gobierno federal anunció a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que realizaría un proceso de consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la C onsejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Dicho proceso comenzó desde julio y a la fecha continúa.

En ese contexto, el pasado 6 de octubre, comunidades wixáritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, en Jalisco , anunciaron su postura de rechazo a la consulta indígena .

“Con lo anterior, Jalisco se suma a estados como Michoacán o la Ciudad de México (CDMX), en los que la ‘consulta’ no pudo implementarse por la oposición de los pueblos indígenas”, se lee en un comunicado del Congreso Nacional Indígena (CNI) sobre el posicionamiento de las comunidades wixáritari.

Lo relevante del caso es que en total suman aproximadamente 129 comunidades, municipios y regiones en México que han manifestado su rechazo a la iniciativa de ley indígena, así lo documenta el mapa de la inconformidad , realizado por la Fundación-Colectivo Indígenas 3D, una iniciativa que busca defender el territorio y la cultura de los pueblos indígenas a través de acompañamiento a los pueblos indígenas.

Pueblos originarios de Jalisco y otros estados rechazan consulta indígena Las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, ubicadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, acordaron no participar por el momento en la consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La decisión surgió de una asamblea conjunta realizada el 27 de septiembre de 2026.

Las comunidades señalaron que no cuentan con información suficiente sobre los contenidos, la naturaleza ni los posibles impactos de la iniciativa.

También sostuvieron que la propuesta no les ha sido explicada en lengua wixárika ni bajo criterios de pertinencia cultural.

De acuerdo con el acuerdo comunitario, la falta de información y de condiciones para comprender el proyecto impide una participación informada en el proceso de consulta.