Ceuta. Lecciones para la frontera

La intempestiva incursión de decenas de miles de marroquíes a Ceuta, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África, hace un par de semanas, abrió un episodio adverso para el presidente Pedro Sánchez que se expandió más allá de la península y afectó las relaciones de España con otros países de Europa, entre los que destaca Italia.

La razón no es menor: no existe potencia mundial que tenga la capacidad para acoger en su seno y con gastos pagados a tal cantidad de inmigrantes, sin importar la justificación humana que quiera alegarse.

El fin de semana sonaron las alarmas otra vez, pues se supo con anticipación de un llamado similar al anterior, que habría provocado un enfrentamiento de las fuerzas del orden españolas con tal cantidad de ciudadanos africanos que, por su magnitud, bien pudo haber desembocado en un conflicto militar entre los dos países.

Después de pláticas sostenidas entre los dos gobiernos, un aspecto positivamente sorpresivo tuvo que ver con la intervención de las propias fuerzas del orden marroquíes para detener a sus ciudadanos e impedir su travesía hacia territorio español. ¿Existe una responsabilidad constitucional a cargo del gobierno de cualquier país de controlar el tráfico migratorio de sus propios nacionales hacia el exterior? La pregunta es pertinente, pues, con un número infinitamente mayor de conciudadanos cruzando la frontera a lo largo de tantos años, los mexicanos nos hemos convertido en una segunda minoría ciudadana en los Estados Unidos de América, siempre bajo la justificación de la necesidad de mano de obra de un lado y la búsqueda de mejores oportunidades para vivir del otro, pero provocando un desbalance en el espectro electoral que no pasa desapercibido.

El fenómeno de la migración descontrolada, que desde una perspectiva jurídica no deja jamás de ser una migración ilegal —por muy mal que dicho calificativo pueda percibirse en la arena de la deliberación política—, provoca un legítimo descontento que no puede pasar por alto: entre los miles de ciudadanos honestos que buscan trabajo y un modo digno de vivir, no puede negarse que sí se mezclan y arriban indeseables; sujetos sin oficio dedicados a delinquir.

La presencia criminal del otro lado de la frontera causa enojo en el país anfitrión, con la misma intensidad o mayor que aquella que, desde luego, sentimos nosotros respecto de delincuentes que usan la porosidad de la frontera para evadir la debida aplicación de la ley penal en su contra.