Contra la inversión y los contribuyentes cautivos

AMLO y Sheinbaum apostaron por endeudar al país y alejar a los inversionistas, al tiempo de establecer el mecanismo para colapsar las finanzas públicas con programas sociales irresponsables que no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y con la contratación de deuda pagando intereses de los más altos del mundo.

Los resultados están a la vista.

El Paquete Económico 2027 contiene una paradoja que debería ocupar buena parte del debate en San Lázaro: el gobierno necesita desesperadamente que la economía crezca, que llegue inversión, que se creen empresas y empleos formales, que suba la captación tributaria, pero al mismo tiempo propone reglas fiscales que incrementan la carga efectiva sobre quienes ya producen, invierten y pagan impuestos.

Con la arenga “hay que joder a los contribuyentes cautivos y dejar en paz a los informales”, se construye un modelo represor para, aun con pérdidas, pagar el Impuesto sobre la Renta que se supone grava las utilidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no se están creando nuevos impuestos ni aumentando las tasas existentes.

Técnicamente, es cierto.

La tasa corporativa del ISR permanece en 30 por ciento.

Sin embargo, el problema no está únicamente en la tasa nominal, sino en la base sobre la cual se cobra.

La iniciativa enviada al Congreso propone limitar deducciones y pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y reducir de 30 a 20 por ciento el límite de deducibilidad de intereses netos sobre la utilidad fiscal ajustada.

Dicho de otra manera: se puede afirmar que no aumentó el impuesto y, simultáneamente, provocar que muchas empresas terminen pagando más.

Nadie sensato puede defender a las factureras, las operaciones simuladas, la evasión o las empresas que artificialmente fabrican pérdidas fiscales para no contribuir.

El Estado tiene no solamente el derecho, sino la obligación de perseguir esas conductas.

El error consiste en confundir una política contra el fraude fiscal con una política general de restricción a deducciones legítimas.

Porque detrás de una deducción no siempre hay un evasor.