Veracruz fortalece vigilancia financiera sobre notarías para proteger patrimonio familiar

El Gobierno de Veracruz lleva a cabo auditorías a las 260 notarías públicas que hay en la entidad para revisar que no hayan participado en actos irregulares en contra del patrimonio de ciudadanas y ciudadanos.

En ese sentido, la gobernadora Rocío Nahle García advirtió que no se tolerarán actos ilegales que pongan en riesgo la tranquilidad de las familias veracruzanas, como son los casos de despojo que se hicieron públicos en los últimos meses y que su gobierno ha atendido.

Se celebraron desde el año 2025 un total de 106 audiencias a igual número de personas que consideraron vulnerados sus derechos de propiedad, mediante presuntos actos de corrupción en el que participaron abogados, notarios y servidores públicos.

Las autoridades destacaron que se revirtieron tres casos de despojo en la entidad hasta el momento, uno de ellos muy mediático ocurrido en la ciudad de Xalapa, con una propiedad ubicada en el Fraccionamiento Las Ánimas.

De acuerdo al Gobierno de Rocío Nahle el 90 por ciento de los casos irregulares localizados en las revisiones a las notarías públicas tienen que ver con hipotecas, herencias y convenios privados, en los cuales se han identificado documentos irregulares o falsificados.

Ante ello, se trabaja de manera coordinada con el Registro Público de la Propiedad, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial de Veracruz para que se actúe conforme a Derecho.

Cualquier ciudadano o ciudadana que enfrente un problema que considere ilegal o un posible despojo podrá acudir al Gobierno del Estado para recibir asesoría y ser atendido por las autoridades de procuración e impartición de justicia.

“Además, destacó que Gobierno del Estado cuenta ya bajo su resguardo a 62 notarías públicas que se recuperaron por cesantía, a fin de que los ciudadanos tengan el resguardo de sus documentos.

La gobernadora Rocío Nahle advirtió que si los o las titulares de las notarías públicas se prestan a realizar fraudes o trámites irregulares, les será retirada la concesión de las mismas. ‘Si se prestan a lastimar a una familia, no están haciendo su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro.

Por eso se están auditando a todas’.”