Magdalena Gómez: Claroscuros de una consulta y su desenlace impredecible
Está en curso una consulta sobre la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas elaborada bajo la coordinación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), sin la participación directa de los sujetos a quienes en teoría está dirigida.
En su lugar, se convocó a un comité técnico asesor, así como al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (creado desde ese espacio de gobierno y no reconocido por los pueblos involucrados) así como, de manera destacada, la Secretaría de Gobernación.
La convocatoria a ese proceso, el pasado 29 de junio, fue avalada por la Presidenta de la República, quien integró a su consejera jurídica para acompañar al INPI .
La propuesta que reglamentaría la reforma constitucional de septiembre de 2024 al artículo 2º, llega en falta, pues en un transitorio de la misma se señalaron 180 días para su reglamentación, cuestión que ha sido señalada de parte indígena pues en contraste la consulta actual dispone de tres meses y medio para participar y reaccionar a un proyecto de 453 artículos y 11 transitorios.
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