La traición constitucional de una deuda que jamás creó desarrollo

El reciente Paquete Económico expone una realidad cruda e implacable: México nunca había contratado tanta deuda soberana para obtener tan magros resultados en su desarrollo.

Detrás de la retórica de la disciplina fiscal, el análisis de las finanzas públicas revela una bomba de tiempo incubada a lo largo de este siglo.

Lejos de ser una palanca de transformación productiva, la deuda pública se ha convertido desde hace varios años en un simple mecanismo de supervivencia presupuestal.

Desentrañar la trayectoria del endeudamiento reciente exige confrontar las cifras frías con una realidad incuestionable.

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Al cierre de la administración de Vicente Fox, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la métrica más integral de las obligaciones gubernamentales— se ubicaba en un nivel manejable del 28.2% del PIB, cuando al inicio de su sexenio se ubicaba en 29.2%.

Con Felipe Calderón, bajo el impacto de la crisis de 2008, la deuda cerró al 35.6%.

El deterioro se aceleró con Enrique Peña Nieto, quien entregó la presidencia con un saldo del 43.6% del PIB.

Finalmente, la administración saliente de López Obrador dejó el indicador en un 51.6% del PIB, proyectando niveles cercanos al 54%, para este año, 55% para el 2027 y un optimista 56.5% para el 2032, según cifras contenidos en los Criterios Generales de Política Económica 2027.

En solo cuatro sexenios, la deuda nacional prácticamente se habrá duplicado como proporción de la economía.

Lo alarmante no es solo la velocidad del endeudamiento, sino su flagrante ilegitimidad funcional.

El Artículo 73 de la Constitución establece que los empréstitos deben destinarse exclusivamente a la ejecución de obras que generen un incremento directo en los ingresos públicos o para la inversión productiva.

La evidencia demuestra que este mandato supremo ha sido pasado por alto sistemáticamente por las distintas administraciones federales.

A la par que el saldo de la deuda se disparaba a máximos históricos, la inversión pública física presupuestaria sufre un colapso estructural.