Farías Laguna y la cúpula del huachicol: la red de contrabando que terminó en el Altiplano

Detrás de los muros del Altiplano conviven hoy criminales de perfiles tan distintos como peligrosos.

La prisión más vigilada de México no solo retiene a jefes de cárteles y sicarios, sino también a un vicealmirante, un capitán de navío y un exgobernador panista, todos procesados por su presunta participación en la mayor red de huachicol fiscal jamás desmantelada en el país.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) los acusa de haber introducido combustible desde Texas mediante documentación falsa, maniobrado cuentas bancarias por miles de millones de pesos y colocado personal afín en aduanas marítimas estratégicas entre 2023 y 2025 para facilitar el pase.

La transformación es innegable: el penal de Almoloya de Juárez ya no solo es símbolo de la lucha contra el narco, sino el reflejo de un país donde el crimen evoluciona, se infiltra en las instituciones y desafía la seguridad nacional desde dentro del propio sistema.

Lo que fue un bastión para encerrar a capos legendarios, hoy revela una nueva batalla estatal: la del fraude de cuello blanco que se esconde tras cargos públicos y expedientes bancarios.

En los siguientes bloques se presentan los perfiles de quienes, acusados de huachicol fiscal, protagonizan esta nueva etapa de la criminalidad en México.

Sus historias marcan el pulso de un fenómeno que redefine la seguridad nacional.

Ernesto Ruffo Appel: el primer gobernador de oposición acusado de contrabando de combustible Ernesto Guillermo Ruffo Appel , nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, fue el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente en México al asumir la gubernatura de Baja California el 1 de noviembre de 1989 bajo las siglas del PAN , tras más de 60 años de administraciones priistas en los estados.

La FGR lo detuvo el 16 de julio de 2026 en Ensenada y lo trasladó al Altiplano.

La fiscal general Ernestina Godoy describió el caso como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

La organización presuntamente liderada por Ruffo Appel introdujo gasolina y diésel desde Texas con declaraciones aduanales que reportaban apenas el 10% del volumen real transportado, con un daño al fisco estimado en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.

La red operó a través de Ingemar , empresa de la que Ruffo Appel es accionista mayoritario, mediante 162 carros tanque de ferrocarril y 4 mil 238 operaciones de importación irregular.

La FGR detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de USD con un esquema de cuentas puente hacia empresas extranjeras.