Fugas, motines y 12 muertos en Mazatlán: la crisis penitenciaria que llevó a Sinaloa a construir un nuevo penal

El Gobierno de Sinaloa anunció este viernes 9 de octubre la autorización para construir un nuevo centro penitenciario con inversión federal , después de que un crisis de violencia en el penal El Castillo , del municipio de Mazatlán , dejara 12 muertos -entre ellos un niño- en menos de 48 horas.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmó la medida con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete de Seguridad federal, aunque hasta el momento no se ha revelado la ubicación ni la fecha de construcción de la nueva prisión.

El anuncio llegó en medio de una crisis que se extendió por los principales penales del estado durante los últimos años.

El Centro Penitenciario El Castillo había obtenido una calificación de 5.25 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH , por debajo del umbral aprobatorio, mientras que el penal Goros II , en Los Mochis , recibió 4.79 puntos en la misma evaluación.

Además de esos dos centros, el sistema penitenciario estatal está compuesto por el Penal de Aguaruto , en Culiacán , y el centro penitenciario de la Región del Évora , en Angostura , ambos también administrados por el Gobierno de Sinaloa.

A ellos se suma el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Guasave , además de un Centro de Internamiento para Adolescentes, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El Culiacanazo de 2019 manchó la historia de los penales sinaloenses El 17 de octubre de 2019, durante el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López , alias “El Ratón” , 51 reos escaparon del penal de Aguaruto , en Culiacán .

El amotinamiento despojó de armas a cinco custodios, a quienes sustrajeron cinco rifles y dos pistolas antes de la fuga.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los reclusos corriendo hacia distintas direcciones afuera del penal para después bajar a ciudadanos de sus vehículos y despojarlos para huir rumbo a la carretera Culiacán-Navolato.

“Con rifles están quitando carros” , se escuchó decir a un testigo en uno de los videos que circularon ese día.

De los evadidos, 39 estaban presos por delitos federales como tráfico de drogas, homicidios, secuestros y posesión ilícita de armas de fuego; los 10 restantes cumplían condenas por delitos del fuero común.

El entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo , no descartó que la fuga estuviera vinculada al operativo de captura.

El “Jueves Negro”, como se le conoció a esa jornada, dejó un saldo de nueve muertos, aunque el gobierno federal reportó inicialmente ocho: entre las víctimas hubo un civil, un agente de la Guardia Nacional, cinco presuntos criminales y un interno del penal de Aguaruto .