Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros

Un jurado federal en Brooklyn halló culpable a Javier Aguilar , ciudadano mexicano de 52 años y exoperador de la petrolera Vitol Inc. , tras un juicio de ocho semanas por dirigir dos esquemas de soborno a funcionarios estatales de Ecuador y México.

Tiempo después, el tribunal lo sentenció a cuatro años de prisión.

Como parte de la sentencia, Aguilar deberá pagar 7,13 millones de dólares en concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares.

Tras el veredicto de culpabilidad, el acusado había enfrentado una pena máxima de hasta 30 años de prisión, que finalmente se redujo a los cuatro años dictados por el juez.

Los esquemas de soborno en Ecuador y México Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador en la oficina de Vitol en Houston.

Según documentos judiciales, pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI) , filial de la petrolera estatal mexicana PEMEX .

El primer plan buscaba asegurar un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fueloil.

Aguilar y sus cómplices utilizaron una entidad estatal de Oriente Medio para eludir las restricciones que Petroecuador imponía a los contratos con empresas privadas.

A cambio de la promesa y el pago de sobornos, los funcionarios ecuatorianos garantizaron que esa entidad y Vitol obtuvieran el contrato .

Tras las elecciones presidenciales de Ecuador en 2017, los funcionarios sobornados fueron reemplazados por nuevas autoridades, a quienes Aguilar y sus cómplices también ofrecieron pagos para mantener el contrato vigente y obtener negocios adicionales.

En el caso mexicano , Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PPI .

El objetivo era obtener contratos para que Vitol suministrara a PEMEX cientos de millones de dólares en gas etano.

El método para ocultar los pagos Para encubrir las operaciones, Aguilar y sus cómplices recurrieron a una red de contratos falsos, facturas ficticias y empresas fantasma constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.

El acusado también usó cuentas de correo electrónico con nombres falsos, en lugar de su dirección corporativa de Vitol , para comunicarse con sus cómplices y coordinar los pagos.