Cuando el pueblo investiga y persigue a un delincuente

La semana pasada, México ocupó los peores encabezados de periódicos y telediarios de España, a raíz del artero asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte Aguilera, quien apenas llevaba un mes de haber llegado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuautla, mediante un convenio de movilidad académica con la Universidad de Granada.

La joven, de veintiún años, perdió la vida por no haber sido suficientemente alertada sobre los peligros que se viven en esa ciudad —donde cuatro estudiantes de la propia UAEM habían sido asesinadas o halladas sin vida en los siete meses anteriores— y por haberse atrevido a pedir ayuda ante lo que parecía un simple robo de su teléfono móvil.

El desgraciado que truncó su vida reaccionó clavándole un puñal varias veces después de escucharla pedir auxilio.

Debe dar cierto alivio a las jóvenes de esa localidad el hecho de que el agresor haya sido identificado, detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

De ese desenlace destaca, sin embargo, que haya sido la propia sociedad civil organizada la que, mediante redes sociales y en coordinación espontánea, resultó decisiva para ubicar al prófugo: un vecino de Cuautla lo reconoció caminando por el centro —pese a haberse rapado para ocultarse— y alertó a la policía, en un episodio que se sumó a videos de seguridad y material aportado por otros ciudadanos que la propia Fiscalía morelense reconoció como clave.

Esa coordinación ciudadana guarda una triste analogía con el papel que muchas madres realizan a lo largo del territorio nacional para localizar e identificar a las más de 130 mil víctimas de desaparición y no localización registradas por la Comisión Nacional de Búsqueda.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido, además, que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

A esa tragedia se suma la de las propias buscadoras, de las que al menos veintidós han sido asesinadas en los últimos quince años por buscar a los suyos.

Tanto el fenómeno ocurrido en Morelos como los casos en que familiares emplean su tiempo y recursos para colaborar con las fiscalías constituyen el hecho que motiva la reflexión de este día.

Es notorio que las labores del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación constituyen un cuello de botella.

Son pocos los delitos que llegan a ser juzgados y muchos los que engrosan la impunidad: la gangrena de nuestra paz y tranquilidad nacional.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, apenas el 9 por ciento de los delitos cometidos en 2025 fue denunciado y, de las carpetas abiertas, el 77.6 por ciento no llegó a conclusión alguna.