Preocupante que el Estado mexicano monitoree conversación pública: Artículo 19 sobre lista ‘anti 4T’ de Luisa María Alcalde

Tras la difusión desde Palacio Nacional de una lista con más de 500 mil cuentas críticas al gobierno federal, en donde se incluyen periodistas y comunicadores, la organización de derechos humanos, Artículo 19 alertó sobre el riesgo que representa para la libertad de expresión que el Estado mexicano utilice recursos y plataformas oficiales para vigilar y calificar la conversación pública en redes sociales.

A través de un comunicado, sostuvo que este tipo de acciones abre un precedente delicado para la libertad de expresión y el ejercicio de derechos en el espacio digital.

Advirtió que el monitoreo estatal, sin transparencia en la metodología ni evidencia técnica verificable, genera dudas sobre el propósito real detrás de la clasificación de participantes en redes sociales.

Señaló que la capacidad institucional del Estado no es equiparable a la de ciudadanos individuales y que la asignación de recursos oficiales para calificar la difusión de mensajes críticos como “inorgánica” puede derivar en efectos inhibitorios sobre la conversación pública en línea.

Durante 2025, Artículo 19 documentó 197 casos relacionados con un ambiente hostil hacia quienes ejercen el periodismo, entre ellos discursos estigmatizantes, amenazas y criminalización .

La organización subrayó que la presentación de listas de cuentas críticas desde espacios oficiales intensifica la vulnerabilidad de quienes participan en el debate público digital y puede incrementar la violencia digital.

Luisa María Alcalde exhibió red digital: más de 500,000 cuentas fueron señaladas como ‘anti 4T’ El 12 de agosto, la titular de la Consejería Jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una presunta “red de amplificación digital” compuesta por cuatro capas de usuarios, donde incluyó periodistas, analistas políticos, opositores y cuentas anónimas.

Según su exposición, la red estaría coordinada para amplificar tendencias contrarias al gobierno.

El análisis, presentado en el espacio “Derecho de Réplica”, realizado desde Palacio Nacional, no detalló la metodología ni los criterios de selección de cuentas, situación que Artículo 19 consideró preocupante por la ausencia de evidencia técnica.

La organización insistió en que el Estado mexicano debe abstenerse de calificar y desacreditar información crítica o incómoda, ya que esto contraviene tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El monitoreo y señalamiento desde instancias oficiales no corresponde a las facultades de la Consejería Jurídica, cuyo marco legal está restringido a funciones de asesoría y apoyo técnico-jurídico para la presidencia.