El reto de las MiPyMEs ante la incertidumbre jurídica y un débil Estado de derecho

Vicepresidente Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional de COPARMEX El pasado mes de septiembre fue clave en la vida pública y democrática de nuestro país.

En primer lugar, dio inicio formal el proceso electoral ordinario 2026-2027; a la par, se cumplió el primer año de operaciones de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tienen en común estos dos hitos? Ambos están estrechamente ligados con la certidumbre jurídica y política de México, variables que hoy ocupan un papel relevante en la vida económica, social y empresarial de nuestro país, tal como lo muestra la última encuesta sobre las expectativas de los economistas del sector privado del Banco de México, que sitúa los problemas relacionados con la falta de Estado de derecho como la segunda preocupación en materia de gobernanza, solo por debajo de los problemas de inseguridad pública.

Además de los resultados presentados por el Banco de México, a inicios de este mes, COPARMEX Nacional presentó la primera entrega de resultados del Monitor Judicial Data COPARMEX , que contó con la participación de casi 4 mil empresas representadas en 71 Centros Empresariales de COPARMEX; es decir, una fotografía de prácticamente todo el país.

Entre los resultados, destacan dos datos relevantes.

Siete de cada diez empresas consideran que los ajustes al Poder Judicial de la Federación han impactado negativamente en sus decisiones de inversión o expansión.

Ocho de cada diez empresas modificaron o están evaluando modificar su estrategia de protección jurídica.

Estos resultados deben llevarnos a la acción.

Es preocupante que un poder que, por mandato, debe dotar de certidumbre jurídica comience a generar un efecto contrario, que influye cada vez más en las decisiones de apertura y expansión de quienes deciden apostar por el país, pero, sobre todo, en la certeza de las miles de personas que a diario se enfrentan a actos de autoridad.

En cuanto al segundo resultado del monitoreo, vale la pena analizarlo desde la perspectiva de la estructura empresarial.

En México, más del 90% de las empresas son micro y pequeñas, lo cual las coloca en una situación de desventaja a la hora de implementar estrategias de protección jurídica, tanto por su capacidad operativa como por sus recursos financieros.

Hoy, las micro y pequeñas empresas tienen que lidiar con problemas de inseguridad, pero también con temas de corrupción y barreras regulatorias, situaciones ante las cuales más del 50% de las empresas consultadas en Data COPARMEX han reportado algún tipo de complicación.

Estos dos últimos temas están estrechamente ligados con las funciones de defensa que debería garantizar un Poder Judicial independiente y autónomo, una condición que hoy parece lejana.