Jufed acusa que reforma no desmanteló nepotismo en el Poder Judicial; persisten vínculos familiares, afirma

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ( Jufed ) acusó que, a una año de la implementación de la reforma judicial , no se ha cumplido la promesa de cambiar el escenario de nepotismo y de designaciones por vínculo familiar dentro de la carrera judicial.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 56% de los ministros, es decir, 5 de 9 ministros de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) tiene al menos un familiar con cargo en el gobierno o que ha recibido contratos públicos , mientras que en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) la proporción de integrantes con parientes en el servicio público asciende a 60%, es decir, 3 de sus 5 integrantes.

Adicionalmente, detalló que MCCI documentó que en la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral la proporción sube a 71% y afirmó que el caso con más vínculos es el de la ministra Lenia Batres Guadarrama con 5 parientes en cargos públicos (hijo, hermano, hermana, cuñada y tío).

Lee también Tribunal Electoral da revés a Somos México; ordena al partido cambiar nombre, emblema y colores Ante ello, la JUFED aseguró que los lazos familiares, por sí mismos, no son ni deben ser motivo de imposibilidad para acceder a un cargo público, cuando las personas involucradas cumplen los requisitos legales y llegan a él por vías permitidas.

Sin embargo, sostuvo que lo que corresponde señalar es la inconsistencia de haber utilizado el combate al nepotismo como uno de los argumentos centrales para justificar el desmantelamiento de la carrera judicial, “cuando la evidencia disponible muestra que los vínculos familiares en el ejercicio del poder público no desaparecieron con la reforma, sino que persisten también en la estructura que se presentó como su solución”.

La asociación destacó que lo primordial es garantizar que a los cargos públicos lleguen perfiles profesionales, capaces, con mérito y experiencia acreditada, al margen de si tienen o no vínculos familiares dentro del propio Poder Judicial o del gobierno.

“Pero, en sentido inverso, tampoco puede permitirse que lleguen perfiles sin experiencia ni capacidad demostrada únicamente por su cercanía familiar o política con quienes ya ocupan un cargo.

Ese es, precisamente, el riesgo que el discurso oficial dijo combatir”, expresó.

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