Acusan a un hombre en Texas de suministrar armas para el Cártel de Sinaloa: es el quinto involucrado
Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas emitió una acusación sustitutiva de 13 cargos contra cinco personas señaladas de traficar armas de fuego hacia el Cártel de Sinaloa.
El fiscal federal Ryan Raybould anunció el lunes que la imputación, presentada el 24 de septiembre, suma un quinto acusado a la causa original.
El caso se originó el 25 de junio, cuando Loyd Walter Hall , también conocido como “Jamie Hall” y “James William”, junto con Jesús Quezada Meza , Omar Velásquez y Catlynn Ann Townsend , fueron acusados formalmente de conspirar para proveer armas al cártel .
La versión ampliada del documento incorpora ahora a Johnnie Wayne Corbett , de 42 años y residente de Amarillo, arrestado por agentes federales el 17 de octubre.
Los seis delitos que componen la acusación El gran jurado federal acusó formalmente a cinco personas de trece cargos vinculados a un esquema de tráfico de armas hacia el Cártel de Sinaloa, entre ellos apoyo material a una organización terrorista, narcotráfico internacional y compra ilegal de armas mediante testaferros.
La investigación fue conducida por la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) .
El primer cargo corresponde a conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Según la acusación, Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado al Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista extranjera por el Secretario de Estado de Estados Unidos.
El documento también describe una conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación hacia Estados Unidos, que involucra fentanilo, heroína y cocaína .
La red, según los fiscales, se coordinaba con actores vinculados a cárteles para fabricar y transportar esas sustancias a través de fronteras internacionales.
A estos cargos se suman el uso y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, la conspiración para traficar armas de fuego a través de fronteras estatales e internacionales, y la conspiración para la compra ilegal de armas mediante prestanombres que ocultaban la identidad de los verdaderos destinatarios.
El último cargo señala declaraciones falsas a vendedores de armas con licencia federal.
La acusación sostiene que los imputados presentaron formularios ATF 4473 fraudulentos para falsear la identidad de los compradores reales y ocultar el destino final de las armas.
Situación judicial y penas que enfrentan los acusados Hall, Quezada Meza y Velásquez permanecen bajo custodia federal.
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