Lazzeri: el embajador del Bienestar

A tres meses del nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Washington, hoy hay trágicamente más dudas que certezas de que con su llegada tendríamos una mejor relación con el gobierno de Donald Trump.

Café con piquete Mientras nuestro socio comercial más importante trae en jaque al gobierno de Sheinbaum entre tibias loas y graves señalamientos que confunden a los atribulados negociadores comerciales encabezados por Marcelo Ebrard, así como a nuestras cúpulas de seguridad, la participación de Lazzeri en la firma de acuerdos bilaterales para combatir el lavado de dinero convive con los cuestionamientos que existen en México sobre contratos y negocios autorizados por el ahora diplomático, de 43 años, cuando fue funcionario en áreas hacendarias en México .

Porque, si bien Lazzeri fue testigo de la Declaración de Intención entre la UIF y Homeland Security Investigations, cuyo objetivo es ampliar el intercambio de información y fortalecer la investigación de los recursos utilizados por organizaciones criminales, en México surgen preguntas incómodas.

Acomódese en su sillón Durante su gestión en la banca de desarrollo se habrían contratado empresas del sector médico que sus críticos identifican con el llamado “Cártel de la Salud”, al que se atribuyen presuntas irregularidades en servicios a empleados de instituciones federales.

Pero esos señalamientos van más allá.

A dicho grupo se le acusa de posibles vínculos con una red denominada “Ecosistema de Andy” , en la que han sido mencionados públicamente Andrés Manuel López Beltrán; Antonio Martínez Dagnino, del SAT, y Carlos Torres Rosas, quien fuera nada más y nada menos que secretario técnico de Andrés Manuel López Obrador.

O sea, el hijo, su amigo y el exjefe de gabinete: para que luego no anden inventando que el segundo piso es diferente al primero, ¿eh? También existen dudas sobre empresas que habrían continuado operando y obteniendo contratos públicos pese a presuntos incumplimientos y señalamientos relacionados con instituciones como el IMSS, del también cuestionado Zoé Robledo. ¿Doble discurso? Leído lo anterior, ¿cómo puede México exigir en el extranjero mayor intercambio de inteligencia financiera para seguir el dinero del crimen, mientras dentro del país persisten dudas sobre contratos y empresas señaladas por posibles irregularidades? Y ojo: no se trata de condenar sin pruebas, sino de saber qué empresas fueron contratadas, quiénes fueron sus beneficiarios, qué controles se aplicaron y si las operaciones fueron revisadas por las autoridades correspondientes.

Pero eso se ve difícil.

Pues la fiscal carnal Ernestina Godoy jamás investigará a Andy, por obvias razones.