La Justicia hizo lugar a un amparo para que el Gobierno reactive las obras en rutas nacionales de PBA

La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo, firmado por el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

La causa, identificada bajo el número 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina .

La acción busca que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones contractuales ya asumidas en materia de infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.

El amparo no apunta a un tramo específico de ruta ni a una obra puntual, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia.

El colectivo de afectados que la presentación pretende proteger abarca a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías, lo que le otorga al caso una dimensión que trasciende a cualquier damnificado individual y lo encuadra como un proceso de alcance general.

Kreplak dispuso, como primer paso procesal, la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo exige la Acordada 12/2016.

La consulta previa a ese registro arrojó resultado negativo, lo que habilitó al magistrado a avanzar con el trámite sin que exista superposición con otro expediente de igual naturaleza.

En paralelo, el juez requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten, en el plazo de tres días , el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte.

Por igual término, extendió ese requerimiento al Banco Nación, en atención a las particularidades del expediente.

A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el procedimiento de amparo.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

Tolosa Paz sostuvo públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales.